A continuación publicamos amplios extractos de las intervenciones de organizaciones hermanas de Lutte ouvrière, agrupadas en la Unión Comunista Internacionalista (UCI). Nuestros lectores pueden encontrar sus respectivos órganos de prensa en Internet (véase la web de la UCI https://www.union-communiste.org/fr).

Combat ouvrier (Martinica y Guadalupe)

Amenazas de guerra

La región del Caribe se ve ahora afectada por la política de cañoneras del imperialismo estadounidense con el pretexto de la guerra contra el narcotráfico. Los aviones y barcos de guerra hunden pequeñas embarcaciones que supuestamente transportan droga. Y sin pruebas.

Trump aprovecha para amenazar a regímenes como el de Maduro en Venezuela, que no se someten lo suficiente al imperialismo estadounidense. Estos ataques ya han causado la muerte de 80 personas.

La guerra está apareciendo por todas partes y, para los pueblos del Caribe, ya no es un acontecimiento lejano.

Por ahora, estos acontecimientos no son objeto de debate entre la población, salvo en los círculos politizados. Pero si mañana se produjera una nueva guerra mundial, se movilizaría a una generación de jóvenes de Guadalupe, Martinica, Trinidad y Tobago, Barbados o San Vicente para defender los intereses de sus respectivas potencias coloniales, Francia o Gran Bretaña, Holanda o España o, tal vez incluso, los del propio imperialismo estadounidense.

Por lo tanto, los comentarios sobre la actualidad son más frecuentes en lo que respecta a la crisis política actual en Francia.

Desde los territorios ultramarinos, esta crisis política ofrece un espectáculo aún más ridículo que en el propio país. A los ojos de las poblaciones alejadas de los centros de decisión, los acontecimientos políticos refuerzan el escepticismo y el desinterés por la política. De hecho, en general y desde siempre, la tasa de abstención en las elecciones lo demuestra claramente. En las últimas elecciones legislativas anticipadas, se registró una abstención superior al 69% en Martinica y al 65% en Guadalupe. Nunca hemos tenido tantos ministros de Ultramar: 10 en 8 años. Cada uno de ellos ha estado en el cargo una media de unos meses, algunos unas semanas e incluso unos días.

 

Coste de la vida

En las Antillas, los trabajadores han empezado a sentir los efectos de la política de ahorro a expensas de la población, que el Estado quiere aplicar para reducir su deuda. Ya soportan las mismas restricciones que los trabajadores de Francia continental, con el agravante habitual. Porque en Martinica y Guadalupe, los salarios son, de media, mucho más bajos y hay el doble de desempleo y precariedad que en Francia continental.

Desde octubre de 2025, la prima por carestía de la vida de los trabajadores del sector público, lo que se conoce generalmente como el 40%, se suprime para estos trabajadores en caso de baja por enfermedad. Cabe preguntarse si esta medida no supone el inicio de su supresión por etapas. Recordemos que la prima por el alto coste de la vida se consiguió tras una dura lucha y una larga huelga de los funcionarios de ultramar en 1953. Hasta entonces, esta prima solo se concedía a los funcionarios procedentes de Francia continental. Se trataba de una verdadera discriminación colonial.

El agua contaminada y el sargazo perjudican la salud

El servicio público de agua sigue estando en un estado lamentable, sobre todo en Guadalupe. Esto se constata cada año. Pero en lugar de mejorar poco a poco, la situación empeora. Municipios o barrios que hasta ahora se habían librado ya sufren cortes inesperados. En otros lugares, la población se ve privada de agua corriente durante varios días. Los anuncios públicos para advertir a la población de que no beba agua, ni siquiera para lavarse los dientes, se repiten con regularidad. Y cuando llega el anuncio, la no potabilidad del agua, contaminada por la clordecona y otras impurezas, ya lleva varios días precediendo al anuncio. Las plantas depuradoras están en mal estado, al igual que las tuberías. Cada vez hay más playas contaminadas. A falta de una movilización muy fuerte, no se verán los dos mil millones necesarios para la renovación general de la red de abastecimiento de agua de la población. Y se sigue improvisando año tras año.

Gran parte del litoral está contaminado por el sargazo: se trata de algas marrones que crecen en la superficie del mar Atlántico y llegan a las costas. Al secarse en la orilla, estas algas desprenden un olor muy fuerte debido al sulfuro de hidrógeno y al arsénico. Los gases desprendidos atacan los pulmones, favorecen el asma y provocan afecciones cutáneas. Poco a poco, destruyen los electrodomésticos de los ribereños. Casi todas las islas del Caribe se ven afectadas por este fenómeno.

Hasta la fecha hay pocas soluciones. Existen los “sargators”, barcos capaces de recoger las algas antes de que lleguen a la costa. Son muy caros. Se necesitarían varios en cada isla. Pero ni el Estado ni las asambleas locales quieren asumir estos gastos por el momento.

Otro hecho destacable es el aumento de la delincuencia, organizada o no. Rara vez pasa una semana sin que se produzcan ajustes de cuentas entre jóvenes en ambas islas. Estos jóvenes van fuertemente armados y se matan entre ellos.

Miseria material y moral... y sus consecuencias

En Martinica se registraron 33 homicidios con armas de fuego en el año 2025. En Guadalupe, el 1 de noviembre se superó la cifra de 47 homicidios. Estos delitos con armas de fuego o armas blancas están relacionados con atracos o robos de motos, disputas intrafamiliares y, a menudo, tráfico de drogas. Tienen causas diversas, pero un origen común: la miseria, tanto material como moral, la precariedad y el desempleo.

El descenso demográfico y el envejecimiento se acentúan. Este último es más pronunciado en las Antillas que en la metrópoli. Casi el 40% de la población de Martinica tendrá pronto 60 años o más. Los mayores de 60 años serán más numerosos que los menores de 20. En Guadalupe, en 2023, los mayores de 60 años ya representaban el 30% de la población, frente al 21% en 2013. Dentro de 20 años, Martinica será el departamento más viejo de Francia. Además, las dos islas pierden juntas unos 5.000 habitantes al año. Los jóvenes abandonan las islas para estudiar y buscar trabajo. Se marchan principalmente a Francia, pero también a otros lugares del mundo, a menudo a Canadá.

Huelgas victoriosas

En esta situación general bastante sombría, hay trabajadores que levantan la cabeza y luchan.

Es cierto que en las empresas no ha habido huelgas ofensivas. Pero una serie de huelgas ha marcado regularmente la vida social.

En Correos, la larga huelga de los empleados de Guadalupe en septiembre estuvo relacionada con el deterioro de las condiciones de trabajo. Los carteros denunciaron en particular la grave falta de personal, que los agota. Protestaron contra un proyecto de reestructuración que aumentaría la carga de trabajo sin personal adicional. Esta huelga fue un éxito. Los carteros consiguieron:

• la creación inmediata de un centenar de puestos de trabajo con contrato indefinido para la gran mayoría de los agentes; el cese de las contrataciones temporales; el mantenimiento de las oficinas de correos en pleno funcionamiento; la interrupción de las reorganizaciones durante 6 meses; la formación de los trabajadores postales para desarrollar sus competencias;

• el fin de las presiones por parte de la dirección.

En Martinica, en enero, los trabajadores postales iniciaron una huelga indefinida, y tras cuatro días la dirección cedió en muchas de sus reivindicaciones, que se referían especialmente a las condiciones de trabajo, higiene y seguridad, así como a los puestos vacantes que no se cubrieron durante las últimas reorganizaciones. Entre el 23 de septiembre y el 2 de octubre tuvo lugar una segunda huelga de los trabajadores postales de Martinica.

La dirección de Correos quería pasar de 22 a 12 repartos semanales, con la amenaza de perder puestos de trabajo. Gracias a la huelga, los trabajadores pudieron mantener 16 repartos. También consiguieron mantener un reparto diario, en lugar de uno cada dos días, como quería la dirección.

Huelgas dirigidas por los propios trabajadores

En el sector privado, en Martinica, se produjeron varias huelgas largas: en el transporte, con las lanchas Blue Lines o Transaglo, así como en la Oficina Nacional de Bosques. Los huelguistas lograron pequeñas victorias en cuestiones de seguridad, pero también en aumentos salariales o en la paga extra de diciembre, como en Transaglo.

La última huelga notable en el sector privado fue la de los trabajadores de la SAUR, empresa de servicios de agua, en Martinica. Estuvo dirigida por un comité de huelga. Los huelguistas reclamaban el pago de una prima prometida por la dirección. Fue un éxito y cabe destacar que los huelguistas recibieron el apoyo de la población, a pesar de los cortes de agua provocados por la huelga.

En Guadalupe, la reciente huelga de los trabajadores de la empresa Rest'Antilles contra las malas condiciones laborales también fue dirigida por un comité de huelga. Los trabajadores ganaron en todos los frentes, incluido el pago íntegro de los días de huelga.

Contra el alto coste de la vida, ¿qué hay del RPPRAC?

El movimiento contra la carestía de la vida que comenzó el año pasado en Martinica no ha suscitado tantas manifestaciones este año. Los líderes del movimiento crearon la Agrupación para la Protección de los Pueblos y los Recursos Afrocaribeños (RPPRAC en francés). Decidieron constituirse en partido, bajo el nombre “Pour le peuple” (Por el pueblo). Además de la mejora del poder adquisitivo, su principal reivindicación consiste en reclamar una mayor autonomía legislativa para Martinica. La consecuencia probable es la presentación de candidatos de este nuevo partido a las elecciones municipales de 2026, en particular en Fort-de-France.

El movimiento y las manifestaciones contra el alto coste de la vida no han conseguido realmente que la vida sea más barata. Se presentño un proyecto de ley en la Asamblea Nacional, pero realmente vacío. Sin embargo, este movimiento ha permitido dar a conocer el escándalo del alto coste de la vida en las Antillas. También ha obligado al Grupo Bernard Hayot —que lleva el nombre del beke¹ más rico del Caribe— a admitir que, en 2023, a pesar de obtener unos beneficios de 227 millones de euros, había recibido 55 millones de euros en ayudas públicas.

La cuestión de la autonomía

En el plano político, la cuestión de la autonomía vuelve a ocupar un lugar destacado, como el año pasado, tanto en Martinica como en Guadalupe. Son los representantes electos de las asambleas locales y el Gobierno quienes relanzan la cuestión del estatus político de las dos islas.

Los trabajadores y la población están muy lejos de estas preocupaciones de los representantes electos. Existe entre ellos una desconfianza cada vez mayor hacia los notables. La sucesión de escándalos en el ámbito político y las condenas que afectan a los representantes electos y se suceden año tras año contribuyen a esta desconfianza.

En ausencia de un partido obrero revolucionario, serán los mismos notables y políticos locales los que se encargarán de los asuntos locales en caso de autonomía. Por mucho que intenten esconderse detrás de “los intereses de Martinica” o “los intereses de Guadalupe”, no se han convertido en defensores de los trabajadores y de la población pobre. Siguen siendo miembros del personal político de la burguesía.

Por lo tanto, nuestro papel es señalar a estos falsos amigos de la población y denunciarlos como tales. Debemos posicionarnos regularmente frente a la propaganda de los regionalistas y nacionalistas de todos los bandos que contamina el ambiente actual.

No somos ni antiautonomistas ni antiindependentistas, pero tampoco somos “autonomistas” o “independentistas”; somos comunistas revolucionarios. Y, como tales, estamos, por supuesto, a favor de borrar en la medida de lo posible las secuelas coloniales. Pero, sobre todo, estamos a favor de luchar contra la explotación capitalista y, a largo plazo, por el derrocamiento del capitalismo, que es el padre del colonialismo.

En las próximas elecciones municipales de marzo de 2026, pensamos presentarnos en Guadalupe en cinco municipios: Capesterre-Belle-Eau, Pointe-à-Pitre, Le Gosier, Les Abymes y Deshaies; y en Martinica, en Fort-de-France.

 

Unión Africana de Trabajadores Comunistas Internacionalistas (UATCI, Costa de Marfil)

Inestabilidad en la frontera norte y avance de los yihadistas

Varios países vecinos de Costa de Marfil se han visto afectados en los últimos años por una ola de golpes de Estado y la llegada al poder de líderes hostiles a la presencia francesa. Malí es uno de ellos, con una población atrapada entre la dictadura militar y los ataques de bandas armadas islamistas, fanáticas y oscurantistas, que quieren imponer la sharia. Desde hace unos tres meses, estas bandas controlan las principales vías de comunicación y bloquean los camiones cisterna que transportan combustible a las grandes ciudades. Las repercusiones de este bloqueo son importantes en varios sectores de la vida económica y social. La población pobre sufre, entre otras cosas, el aumento del coste del transporte y de los alimentos. Ante este caos y el temor a una oleada de violencia, las cancillerías occidentales han pedido a sus ciudadanos que abandonen el país.

A pesar del refuerzo de los mercenarios de Wagner (sustituidos por el Africa Corps), estas bandas armadas parecen estar ampliando su zona de influencia. También están presentes en Burkina Faso, Níger y otros países de África Occidental.

Por el momento, Costa de Marfil se ha librado... pero ¿por cuánto tiempo? Ya lo veremos... aunque las fuerzas armadas estadounidenses y francesas estén presentes en territorio marfileño y velen por los intereses de sus grandes capitalistas.

Al ser un país agrícola, Costa de Marfil siempre ha atraído a las poblaciones vecinas. Entre 5 y 6 millones de malienses y burkineses viven allí. Actualmente, hay una nueva afluencia de personas en situación de emergencia que vienen a refugiarse en los pueblos fronterizos. Naturalmente, son acogidas por los aldeanos, que hacen lo que pueden con sus escasos medios. Se manifiesta una verdadera solidaridad.

Una relativa prosperidad económica en medio de un mar de miseria

Costa de Marfil es también un polo económico regional. Por ejemplo, gran parte de las mercancías destinadas a Malí o Burkina transitan por los puertos de Abiyán y San Pedro. Además, las industrias que abastecen a estos dos países en productos manufacturados se concentran en gran parte en Abiyán.

La economía marfileña ha experimentado un crecimiento anual del 6 al 7% durante los últimos quince años. Su impacto es visible en Abiyán a través de sus construcciones, sus obras de urbanización y también su expansión: los campos de palmeras aceiteras están dando paso a nuevas ciudades residenciales.

El presidente Ouattara se jacta de tener un país joven, de haber reducido la tasa de mortalidad, de haber aumentado la esperanza de vida, y bla, bla, bla. Se trata de desinformación, ya que si el país es joven es sobre todo porque la gente no vive hasta una edad avanzada por varias razones relacionadas con la pobreza y la incapacidad del Estado para atenderla.

El número de trabajadores del sector privado que perciben una pensión de jubilación es de poco más de 100.000. Oficialmente, hay que cumplir 60 años y tener al menos 15 años de servicio para tener derecho a una pensión completa. Hay quienes mueren antes de alcanzar esa edad. En cuanto a los que no se benefician de ella, deben arreglárselas para sobrevivir. Algunos regresan al pueblo.

Los hospitales siguen siendo lugares donde se muere, al tiempo que están fuera del alcance de las poblaciones pobres. Desde hace algunos años existe una cobertura sanitaria universal (CMU), pero no cubre gran cosa. Los enfermos suelen convivir con su dolencia y se curan con remedios indígenas, a base de plantas y, a veces, con amuletos que les ofrecen charlatanes. Muchos trabajadores ancianos sufren graves discapacidades y mueren lentamente. Sin embargo, a menudo bastaría con muy pocos medios para curarlos.

El distrito de Abiyán concentra alrededor de 6 millones de los 32 millones de habitantes que tiene el país. La gran mayoría de la población sobrevive en una economía informal. Los trabajadores de las fábricas son en su gran mayoría jornaleros mal pagados, con ingresos inciertos e irregulares. El sector privado cuenta con alrededor de 3 millones de trabajadores. Se estima que 8 millones de personas viven de pequeños oficios y del pequeño comercio, a los que las autoridades denominan “trabajadores autónomos”.

La situación general de los trabajadores

Desde la devaluación del 50 % del franco CFA en 1994, la situación de la clase obrera se ha ido deteriorando con el paso de los años. Los capitalistas hacen prácticamente lo que quieren. Cuentan con el apoyo incondicional de un poder que aplasta a los más pobres. Se muestran aún más duros y arrogantes debido a la escasa combatividad de los trabajadores. Los dirigentes de los sindicatos más importantes están a las órdenes del poder, por decirlo suavemente. Los trabajadores no disponen de ninguna organización digna de ese nombre para defenderse, ni sindical ni política.

Cuando hay trabajo, muchos trabajadores cumplen dos turnos de ocho horas seguidas debido a los bajos salarios. Incluso con varios años de antigüedad, cobran unos siete euros al día. Este salario mensual equivale hoy en día, digamos, a un saco de arroz de 25 kg, un pequeño alquiler y los gastos de desplazamiento al trabajo. Por ejemplo, en una fábrica de cosméticos con un millar de trabajadores, la gran mayoría de los cuales son jornaleros que trabajan en tres turnos de ocho horas, estos trabajadores no tienen derecho a vestuario y deben llevar ropa de trabajo antes de entrar en la fábrica. Deben presentarse mucho antes de la hora de entrada a la fábrica, sin tener nunca la seguridad de que van a trabajar ese día, incluso si tienen un contrato.

En la construcción

En el sector de la construcción, la situación no es mucho mejor, pero hay trabajo. Actualmente, hay bastantes obras importantes, como la construcción de una ciudad, edificios comerciales, una torre, una línea de metro aéreo, viviendas, carreteras, etc.

Las grandes empresas, incluidas las multinacionales, subcontratan a otras empresas que emplean a varias decenas o varios cientos de trabajadores. A menudo trabajan más de ocho horas sin que se les paguen las horas extras. Rara vez se respeta la escala salarial oficial. Por eso, cuando la obra llega a su fin, al no tener nada que perder, a diferencia de los trabajadores de las fábricas, los del sector de la construcción expresan su enfado y se ponen en contacto con el sindicato para que les ayude a organizar sus luchas y reclamar lo que el patrón no les ha pagado. Por lo general, acaban consiguiendo parte de lo que les corresponde. En la mayoría de los casos, los que lideran estas luchas son despedidos rápidamente, pero como la obra está casi terminada, ya es hora de buscar una nueva.

La cuestión de la vivienda

La cuestión de la vivienda de los trabajadores es un problema enorme. Los que no tienen recursos —que son muchos— se ven obligados a arreglárselas como pueden construyendo refugios improvisados en lugares insalubres. Las autoridades siguen desalojándolos regularmente con excavadoras y policías armados.

A veces se producen reacciones de protesta y también violentas peleas contra estas operaciones denominadas “desalojos” (expulsiones). Los pequeños vendedores ambulantes en los mercados o en las calles también son perseguidos.

Toda esta miseria, esta brutalidad y estas humillaciones cotidianas estallarán tarde o temprano a mayor escala, como se ha visto recientemente en Bangladesh, Nepal, Marruecos o Madagascar. Pero sabemos de antemano que, sin la existencia de una organización proletaria revolucionaria bien implantada en la clase obrera y con una política justa, los estallidos se desviarán inevitablemente hacia callejones sin salida.

Las elecciones presidenciales de 2025

En este contexto se celebraron las elecciones presidenciales el pasado 25 de octubre. Ouattara lleva 15 años en el poder y se presentó a su propia sucesión para un cuarto mandato. Se movilizaron alrededor de 44.000 agentes armados. Al caer la noche, camiones llenos de agentes armados recorrieron los barrios populares y se llevaron casi sistemáticamente a los jóvenes que deambulaban por las calles, a menos que la víctima tuviera dinero para pagar y escapar de la detención. Así, incluso en los barrios considerados bastiones de la oposición, a partir de las 20:00 horas los bares ya estaban desiertos.

Ouattara temía sobre todo las candidaturas de los dos principales opositores: el expresidente Laurent Gbagbo y el presidente del PDCI, Tidjane Thiam. Pero sus candidaturas fueron prohibidas desde el principio. A principios de agosto se autorizó una marcha de protesta unitaria en Yopougon. Fue un éxito, ya que varios miles de personas salieron a las calles. Muchos manifestantes entonaban cánticos xenófobos contra Ouattara, del tipo “¡Pequeño Mossi, vete a tu casa!”. Los mossi viven principalmente en Burkina Faso.

Los que proferían estos comentarios abiertamente xenófobos se grababan y difundían sus vídeos en las redes sociales. A raíz de ello, las autoridades anunciaron que todos ellos serían buscados por la policía y perseguidos judicialmente. Posteriormente, Gbagbo se pronunció y pidió a sus seguidores que no hicieran comentarios xenófobos.

Las autoridades aprovecharon la ocasión para prohibir las manifestaciones. A pesar de ello, hubo dos o tres fuera de Abiyán, que fueron reprimidas.

El miedo se instala

La propagación de comentarios xenófobos ha provocado un sentimiento de miedo, especialmente en la capital. Habiendo vivido ya este tipo de situación hace unos años, la gente temía un nuevo estallido de violencia. Nadie ha olvidado los abusos, los muertos y los heridos causados por las bandas armadas que desfilaban por las calles.

Muchas personas pensaron en enviar a sus familias al pueblo, otras ya habían empezado a hacerlo. Nos pareció útil publicar un folleto sin firmar, con el único encabezamiento “trabajador”, para denunciar el etnicismo, la xenofobia y todos esos venenos que dividen a los trabajadores y que los políticos alimentan y mantienen en su carrera hacia el poder.

Ouattara autorizó a cuatro candidatos minoritarios a presentarse contra él. Estos sirvieron sobre todo como garantía democrática para esta farsa electoral. En muchas ciudades, muy poca gente acudió a votar. En Yamoussoukro, un feudo baoulé² del PDCI, el día de las elecciones se produjeron enfrentamientos con las fuerzas armadas, bandas encapuchadas aprovecharon la ocasión para saquear y golpear a los extranjeros. Se conoce el caso de un pequeño comerciante guineano, víctima de estos jóvenes delincuentes que le robaron todo el dinero de su tienda de comestibles, pero también le golpearon y le ordenaron que regresara a su país, Guinea.

En un pueblo baoulé cercano a Yamoussoukro, la víspera de las elecciones, las autoridades, acompañadas por las fuerzas armadas, acudieron a instalar las urnas, pero los jóvenes del pueblo se lo impidieron. Tras un pequeño enfrentamiento, las fuerzas armadas huyeron. Al día siguiente, día de las elecciones, las autoridades anunciaron que las urnas previstas para ese pueblo habían sido trasladadas al pueblo vecino, pero allí la población las quemó.

No obstante, se puede decir que, en general, las elecciones se desarrollaron con relativa calma en todo el país. Ouattara puede haber obtenido el máximo de votos en las ciudades del norte del país, donde se encuentra su grupo étnico.

Los candidatos minoritarios siguieron el juego. Para algunos, era una forma de darse a conocer y, posiblemente, de conseguir un puesto lucrativo con Ouattara. Para otros, al menos para Jean-Louis Billon, un hombre de negocios rico y ambicioso, era una oportunidad para posicionarse... para 2030, pero para entonces habrá llovido mucho.

Hasta la fecha, el balance oficial de estas elecciones es de unos treinta muertos y 1.560 detenidos. Dentro de veinte días (el 27 de diciembre) se celebrarán las elecciones legislativas y el Gobierno sigue amordazando a la oposición.

 

The Spark (Estados Unidos)

Trump, de provocaciones groseras a amenazas

En Estados Unidos, el clima político sigue dominado por Trump y sus provocaciones casi diarias en las redes sociales.

En un ambiente tóxico, Trump busca vengarse de sus “enemigos”: amenaza con demandar a los gobernadores de los estados de Illinois y California por no haber intervenido con la policía para defender a los agentes del ICE (servicio de inmigración) y a los soldados de la Guardia Nacional en su persecución de extranjeros. Intenta condenar a la fiscal general del estado de Nueva York y a un miembro del consejo de la Fed (el banco central) por fraude hipotecario. Para intentar condenar a James Comey, exdirector del FBI, cuando seis fiscales federales se habían negado hasta entonces a procesarlo, recurre a su abogado personal. Recientemente, seis parlamentarios demócratas que han sido militares o miembros de los servicios de inteligencia publicaron un comunicado en el que pedían a los soldados que desobedecieran las órdenes si eran ilegales; Trump respondió con furia: “Hay que callarlos. ¡TRAIDORES Y SEDICIOSOS! ¿TODOS A LA CÁRCEL? ¡COMPORTAMIENTO SEDICIOSO, eso merece la PENA CAPITAL!”. (La puntuación es de Trump). Los demócratas respondieron con más dureza, pidiendo el arresto de Trump por incitación al asesinato. Este es el panorama...

 

Ataques contra los pobres y regalos a los ultrarricos

Es un espectáculo burlesco... pero no hace gracia a todos aquellos cuya situación se ha deteriorado considerablemente debido a un aumento de los precios de los productos básicos (vivienda, alimentación, atención médica) dos o tres veces superior a la inflación oficial. En el mercado laboral, cada vez hay más trabajos mal remunerados y a tiempo parcial, e incluso trabajando en dos a la vez, no se puede mantener a una familia con hijos. En cuanto a las pensiones de jubilación o invalidez, casi ninguna permite pagar un mes de alquiler.

No es de extrañar que la política de Trump al servicio de los ricos y de sí mismo alimente la ira. La ley que él mismo ha bautizado pomposamente como “One Big Beautiful Bill” (Una gran y hermosa ley) ofrece a los ultra ricos nuevas exenciones fiscales y recorta dos programas de seguro médico que benefician a más del 30% de la población. Trump está utilizando su cargo de presidente para llenarse los bolsillos, lo que no lo diferencia mucho de muchos de sus predecesores, salvo por la magnitud del desvío. ¿Influyen su afán de lucro y su insaciable búsqueda de honores en sus decisiones de política exterior? Según los observadores, es más que probable.

 

Redadas de migrantes convertidas en espectáculo

Cada noche, la televisión muestra imágenes impactantes de redadas de migrantes en sus hogares o lugares de trabajo. Quizás hayas visto a esos escuadrones de hombres enmascarados con uniformes militares en Los Ángeles, sin insignias ni nada que los identifique, equipados con armas automáticas listas para disparar o con porras para agrupar a sus víctimas; y a esos hombres armados bajando de un helicóptero militar en Chicago, entrando en un edificio por el tejado, sacando a la gente de sus camas y obligándola a esperar en la calle: hombres, mujeres, niños, ancianas en pijama, esposados, alineados, para ser conducidos en autobús a quién sabe dónde. O la redada organizada en una fábrica de Hyundai en Georgia, donde cientos de técnicos surcoreanos fueron hacinados en una prisión.

Muchas de las personas encarceladas acabaron en centros de detención al otro lado del país, lo que les impedía ponerse en contacto con sus familiares o sus abogados. Algunas fueron deportadas en avión a Sudán o Nicaragua, países cuyos líderes, según anunció Trump con orgullo, ponían a disposición de Estados Unidos plazas en sus prisiones a cambio de unos pocos dólares.

Estas acciones son horribles. Pero, además, están orquestadas como una campaña televisiva destinada a aterrorizar a quienes no son detenidos. Porque todavía quedan muchos migrantes en Estados Unidos: los que trabajan en la agricultura en California u otros estados del oeste, en pequeñas tiendas de Chicago y el Medio Oeste, o en las fábricas de los fabricantes de automóviles asiáticos en el sur. A pesar de todo el revuelo que se ha formado en torno a estas redadas, siguen siendo 14,8 millones, es decir, un poco más que bajo la administración Biden y cuatro millones más que en la época de Obama. Si bien Obama organizó expulsiones a un ritmo más sostenido que Trump, este último convierte las expulsiones en un espectáculo.

Las deportaciones y el refuerzo de los controles fronterizos son sin duda un indicador de las promesas electorales y la política de Trump, pero este camina por la cuerda floja: difunde imágenes de redadas para complacer los deseos de su base de deshacerse de los extranjeros “que quitan el trabajo a los estadounidenses”, pero la economía sólo puede funcionar gracias al trabajo de millones de inmigrantes.

El sadismo de estas redadas y expulsiones, y el hecho de que muchos de los expulsados tengan un permiso de residencia válido, o incluso la ciudadanía estadounidense, tiene como objetivo aterrorizar a todo el mundo, y en particular a aquellos que están en regla. Se trata de auténtico terrorismo: el objetivo es que la gente se “expulse” a sí misma y que los que se quedan estén quietos. La burguesía estadounidense no intenta frenar a Trump, le deja hacer porque, hasta ahora, este método le ha funcionado bastante bien.

Hay algo más que decir sobre el envío de agentes del ICE a las ciudades por parte de Trump. En teoría, el ejército no está autorizado a actuar dentro de las fronteras nacionales, aunque ya lo hizo, por ejemplo, cuando reprimió una marcha de veteranos sin hogar en 1932 y cuando, durante los disturbios urbanos de 1967, la 82^a División Aerotransportada patrulló las calles de Detroit. La propia Guardia Nacional no debe entrar en zonas civiles, a menos que se lo solicite el gobernador de un estado o el alcalde de una ciudad. Al enviar a los agentes del ICE a las ciudades y afirmar que están inundadas de delincuentes, Trump ha inventado una excusa falsa para enviar al ejército cuando él o uno de sus sucesores lo decidan. En una reunión con todos los generales de Estados Unidos, propuso que las ciudades que él considera “feudos del crimen” sirvan como campo de entrenamiento para el ejército.

Con algunas variaciones, Trump ha atacado sucesivamente a diferentes grupos: funcionarios federales, profesores de la enseñanza pública, profesores universitarios, abogados, periodistas, trabajadores sanitarios... Aunque el objetivo cambia, el método sigue siendo el mismo: amenazas estruendosas seguidas de algunas acciones espectaculares destinadas a dar credibilidad a las amenazas.

Oposición popular a las redadas

Hasta ahora, ha habido poca resistencia significativa contra el estilo o la política de Trump. Pero aún así ha habido algunos obstáculos. En Los Ángeles y en el área metropolitana de Chicago, en particular, las redadas de migrantes en los barrios y en sus lugares de trabajo no han sido tan fáciles. En cada una de las ciudades señaladas por Trump, se ha detenido a cientos de personas, pero a varias decenas no se les ha podido detener, por ejemplo, en los suburbios de Boston o Chicago, donde los vecinos y familiares han complicado la tarea del ICE.

En algunas ciudades pequeñas, donde la llegada de migrantes ha sido sinónimo de crecimiento demográfico y económico, se ha impedido a los agentes del ICE acercarse a ellos, incluso en estados republicanos como Texas y Montana.

También hubo protestas en las zonas rurales, duramente afectadas por las rápidas fluctuaciones de los aranceles aplicados por Trump, que se reflejaron en los precios y aumentaron las existencias de soja e incluso de carne de vacuno, que ya no encontraban compradores.

Los demócratas intentan canalizar el descontento

En octubre, los demócratas intentaron sacar partido de este descontento organizando una jornada de manifestaciones en ciudades de todos los tamaños, incluso en pueblos. El objetivo era claramente crear una ola de apoyo a los demócratas de cara a las elecciones de mitad de mandato que se celebrarán el año que viene. Pero estas manifestaciones se centraban en el comportamiento de Trump y en su supuesto intento de erigirse en dictador.

Aunque el aparato del Partido Demócrata organizó estas manifestaciones en todo el país, y aunque fue él quien eligió su reivindicación muy limitada —“No Kings” (“¡No a los reyes!”)—, no había pancartas ni carteles con los colores del partido. Es cierto que había miembros conocidos del Partido Demócrata en las manifestaciones, pero no estaban presentes como organizadores. Afirmaban estar allí simplemente como “ciudadanos de a pie”. En realidad, se trataba de una forma de movilizar a los votantes, en un momento en el que el apoyo popular a los demócratas era aún más débil que la caída en popularidad de Trump.

El resentimiento popular hacia Trump se reflejó en las elecciones de noviembre, aunque a escala limitada, ya que fueron esencialmente locales. Los demócratas obtuvieron victorias a nivel estatal (Nueva Jersey y Virginia), así como en un referéndum en California. Se trata de estados tradicionalmente demócratas, pero la magnitud de sus victorias fue notable. Por último, hubo un resultado que llamó la atención de todos y entusiasmó a gran parte de la izquierda: los candidatos que se presentaron bajo el nombre de Socialistas Demócratas de América (DSA) ganaron las elecciones municipales en Nueva York y Seattle. Puede que se haya añadido la palabra «socialista» a su nombre, pero se presentaron como demócratas y alinearon su política con la de otros alcaldes demócratas. Estamos muy lejos del regreso a la época de Eugene Debs. Pero el resultado bastó para desencadenar en Trump una cascada de invectivas contra el peligro comunista, hasta que, a la semana siguiente, Zohran Mamdani acudió a la Casa Blanca y cortejó a Trump. Al final, Trump y Mamdani se describieron como «”dos tipos que crecieron en Queens y se entienden bien”. Trump declaró efusivamente que ahora se sentía seguro en Nueva York, con Mamdani como alcalde.

La base de Trump se resquebraja

Por último, la base electoral de Trump muestra signos de fractura.

El detonante para los partidarios del movimiento MAGA (Make America Great Again, “Hagamos grande de nuevo a Estados Unidos”) fueron las grandes maniobras de Trump para impedir la divulgación de los expedientes del caso Epstein, que, según afirmaba el propio Trump hace unos años, contenían los nombres de miembros de la “élite”, de “ricos” que habían cometido abusos sexuales a menores. Para muchos partidarios del movimiento MAGA, era una línea roja que no se debía cruzar. También surgieron otros problemas. Quizás el más importante fue la negativa de Trump a renovar la ampliación de Medicaid y las subvenciones para el seguro médico. Como señaló Marjorie Taylor Greene, diputada de Georgia y antigua defensora acérrima de Trump en el Congreso, incluso su familia se quejaba de la próxima pérdida de su seguro médico. De hecho, los recortes en la cobertura médica penalizan más a los habitantes de los estados republicanos que a los de los estados demócratas. Además, la tradición aislacionista, muy arraigada en las zonas rurales, parece haber revivido con las acciones belicosas de Trump en el Caribe, cuando había hecho campaña prometiendo poner fin a las guerras en curso y no iniciar otras nuevas. Finalmente, la votación para divulgar todos los expedientes de Epstein fue casi unánime. Pero esta decisión se tomó por unanimidad únicamente porque los republicanos sabían que Trump había perdido la votación. Esto no protegió a Marjorie Taylor Greene, portavoz putativa de los descontentos con tal o cual política de Trump: cuatro días después de la votación, dimitió del Congreso, tras ser víctima de una campaña masiva de amenazas y agresiones.

Un autoritarismo creciente

Esta es, pues, la situación en la que nos encontramos. En algunos aspectos, no es muy diferente del último año de la presidencia de Biden, salvo por el carácter extremo de las amenazas esgrimidas por Trump. No hay nada nuevo en Trump, salvo que va más allá, incluso cuando se trata de decorar la Casa Blanca. Trump, aunque megalómano, no es un dictador, sino simplemente un presidente más en la línea de todos aquellos que han tratado de concentrar el máximo poder en sus manos.

Lo que estamos presenciando hoy en día no es, sin duda, fascismo, un término que se utiliza a menudo de forma errónea, ni es comparable a la represión del periodo McCarthy, en el que se encarceló a personas, que perdieron sus empleos, sus viviendas y sus prestaciones, perdieron a sus amigos y se les retiró la custodia de sus hijos por las causas que defendían. Pero, como mínimo, hay un autoritarismo creciente, que podría adoptar diferentes formas en el futuro y reforzarse muy rápidamente.

 

Workers' Fight (Gran Bretaña)

Una auténtica broma: la ministra de Finanzas, Rachel Reeves, habría dado marcha atrás en su proyecto de aumentar el impuesto sobre la renta porque eso rompería una promesa electoral hecha el año pasado y, según los ministros laboristas, provocaría una pérdida de confianza de la población en el Gobierno, los políticos y la política en general.

Estas personas creen que pueden gestionar la economía de Gran Bretaña tirando de unos cuantos hilos presupuestarios, como si se tratara de una isla aislada y como si las circunstancias objetivas y la economía mundial no existieran... Uno se pregunta si se trata de arrogancia o de estupidez. Deben saber que casi ningún votante confía en ellos de todos modos. Pero están claramente perturbados por el hecho de que el Partido Laborista y su querido líder (Keir Starmer) vayan a la zaga en las encuestas, muy por detrás del partido populista Reform UK e incluso por detrás de los Verdes en este momento...

Quizás realmente crean que ganaron las elecciones generales del año pasado porque la gente los encontraba formidables, pero en realidad sólo alrededor del 25% de los votantes eligieron al Partido Laborista. Después de 14 años en el poder, fueron los conservadores los que perdieron, en beneficio del Partido Laborista y también de Reform UK, el nuevo partido de Nigel Farage. Recordemos también que la participación fue solo del 59,7%, ¡la más baja desde las elecciones legislativas de 2001! Ningún partido despertó gran entusiasmo. Y hoy en día, la gente está aún más hastiada.

 

Los laboristas atacan la sanidad

Volviendo a Rachel Reeves y al presupuesto, al igual que Francia y Estados Unidos, el Estado británico está endeudado. Es cierto que un poco menos que Francia, donde la deuda representa el 115% del PIB, y que Estados Unidos, donde ha alcanzado el 125% del PIB. En el Reino Unido, se estima que es del 95,3%. Se supone que Reeves debe intentar reducirla, aunque los servicios públicos, en particular el sistema sanitario (el NHS), se encuentran en una grave crisis y necesitan inversiones urgentes. Para equilibrar sus cuentas, podría haber aumentado el impuesto sobre la renta y/o impuesto impuestos adicionales a los ricos... Pero dado que el gasto público más importante es el destinado a la protección social, este ha sido el objetivo de los recortes presupuestarios. Reeves ha optado por atacar a los trabajadores más pobres. Y también al NHS.

Los servicios administrativos del NHS han sido suprimidos en Inglaterra, lo que ha supuesto la eliminación de unos 9.000 puestos de trabajo, entre ellos los de cuidadores. Otros puestos simplemente se dejan vacantes. Los médicos “residentes” están de nuevo en huelga para conseguir un aumento salarial, pero también porque faltan 20.000 plazas en las formaciones para especializarse. Están atrapados durante años en puestos de trabajo menos remunerados, en los que se utilizan sus competencias como especialistas, pero no se reconocen, y en los que ni siquiera disfrutan de un descanso adecuado entre sus guardias. Por lo tanto, están hartos y agotados. Su salario anual es aproximadamente la mitad del de un maquinista de tren y un 25% inferior al de un trabajador de Ford. El ministro de Sanidad los ha tildado de glotones malvados. Pero la mayor debilidad de su huelga es que sigue siendo sectorial.

La carta antiinmigración

Lo que ha acaparado los titulares es el nuevo intento del Partido Laborista de revertir la tendencia en las encuestas jugando la carta antiinmigración. Las embarcaciones precarias que cruzan el Canal de la Mancha están constantemente en los titulares, y no sin motivo. Este triste espectáculo es una condena para esta sociedad.

Sea como fuere, la ministra del Interior, la laborista Shabana Mahmood, ha decidido adoptar la estrategia de los socialdemócratas daneses. Le da igual que, según muchas encuestas, el coste de la vida y el sistema sanitario sean las principales preocupaciones de la población, muy por delante de la cuestión de la inmigración. Y poco le importa que la clase obrera sepa muy bien que los trabajadores migrantes y los refugiados, cuyo número es relativamente reducido (40.000 al año), no son la causa de la crisis económica, sino un síntoma de la misma.

A decir verdad, la estrategia de retomar este tema tan querido por los populistas y la extrema derecha ni siquiera ha funcionado para la socialdemocracia danesa: no ha aumentado su popularidad en las encuestas ni ha ganado las elecciones... Parece que los votantes daneses no son tontos y que, o bien ya han dado la espalda al Gobierno, o bien prefieren el original a la copia...

Además, como señalan algunos comentaristas, Dinamarca y Gran Bretaña no juegan exactamente en la misma división en términos de atractivo para los migrantes. Estos prefieren Gran Bretaña porque hablan inglés debido a los vínculos heredados del colonialismo y porque sus amigos y familiares ya se encuentran allí.

No obstante, Mahmood ha revelado un proyecto destinado a imponer a los solicitantes de asilo un plazo exasperante de 20 años antes de poder solicitar la ciudadanía, y a convertir su “derecho de residencia” en temporal, revisable cada 30 semanas. También ha declarado que los trabajadores migrantes que actualmente tienen un visado de trabajo tendrán que esperar otros 15 años si desean solicitar la naturalización...

Por ahora se trata solo de propuestas, que deben ser aprobadas por la Cámara de los Comunes y la Cámara de los Lores para convertirse en ley. El apoyo de los cinco diputados de Reform UK y de 120 diputados conservadores, que ya han expresado su aprobación, podría no ser suficiente, dado que muchos diputados laboristas, liberal-demócratas y verdes se oponen. El futuro lo dirá.

Nacionalismo en todos los frentes

Volviendo al visible aumento del apoyo a los populistas y a la extrema derecha, muchos señalan a la clase obrera blanca del norte del país y a los antiguos votantes laboristas del “cinturón rojo”, en realidad un “cinturón oxidado”³ .

En Workers' Fight no estamos del todo de acuerdo con este diagnóstico, ya que el análisis de los votos en las últimas elecciones ha demostrado que los votos a favor de Reform UK procedían principalmente de votantes conservadores. Lo que los conservadores perdieron, Farage lo ganó. Por lo que podemos juzgar, los trabajadores blancos desmoralizados siguen estando principalmente en el bando de los abstencionistas.

Dicho esto, no cabe duda de que existe una corriente reaccionaria subyacente en la sociedad británica. Lo vimos en los años setenta y ochenta, y de nuevo en el período previo al Brexit. Se trata de un movimiento reaccionario en el sentido estricto de la palabra. Se manifiesta en forma de un nacionalismo retrógrado que ha cobrado fuerza gracias a los políticos tradicionales que compiten entre sí con políticas que llevan a toda la población a un callejón sin salida.

Así, la campaña para izar banderas por todas partes —la Union Jack del Reino Unido y la cruz de San Jorge de Inglaterra— ha sido apoyada explícitamente por la mayoría de los responsables políticos, incluidos el Partido Laborista y la BBC, que afirman que esta campaña no es racista. Según ellos, solo se trata del buen patriotismo de siempre y del amor a la patria. Pero el despliegue de banderas fue en realidad una campaña lanzada por la extrema derecha, por un miembro destacado del grupúsculo Britain First que, a diferencia de Tommy Robinson, se enorgullece de calificarse de fascista.

No sabemos cómo perciben los trabajadores fuera de nuestro reducido círculo a esta extrema derecha. Tommy Robinson fue el principal organizador de la “Marcha por la Unidad del Reino Unido” del 13 de septiembre, que reunió a 150.000 personas en Londres, gracias a la ayuda de Elon Musk.

Aunque Robinson ya ha quemado una bandera nazi, al parecer no tiene ningún problema en relacionarse con Musk y los neonazis. Empezó a enarbolar banderas israelíes cuando formaba parte de la English Defence League, mucho antes del 7 de octubre de 2023, para demostrar que no era antisemita y porque su actividad principal se dirige contra los musulmanes: es virulentamente antiislámico. Y ese es uno de los principales peligros que entraña el actual auge de la extrema derecha.

Además de las manifestaciones de este verano contra los solicitantes de asilo y el intento de asociar la depredación sexual y la delincuencia con la condición de refugiado, han aumentado los ataques contra mezquitas y musulmanes, junto con el reciente recrudecimiento de los ataques contra judíos y sinagogas debido a la guerra de Israel contra Gaza. Sin embargo, también es importante señalar que, si bien la manifestación “Unite the Kingdom” reunió a mucha gente, todas las demás concentraciones que pedían ahogar a los refugiados y quemar los hoteles donde se les acoge fueron realmente pequeñas, con cientos de participantes en lugar de miles...

Por lo que sabemos, estas ideas antiinmigrantes o antimusulmanas no son compartidas por los trabajadores de las empresas en las que distribuimos nuestros boletines. Pero, como he dicho, nos dirigimos a un entorno bastante reducido en Londres y Oxford, y Londres es, al fin y al cabo, una ciudad con una mayoría de inmigrantes.

 

Bund Revolutionärer Arbeiter (Alemania)

Las consecuencias políticas del agravamiento de la crisis económica

Con el agravamiento de la guerra económica internacional, la clase capitalista ha pasado abiertamente al ataque. El nuevo gobierno, una coalición entre la CDU (centro-derecha) y el SPD (socialdemocracia), es una expresión de ello. Siguiendo el modelo de Trump en Estados Unidos, cuenta con varios directivos de empresas al frente de ministerios clave.

La sola decisión de nombrar a Friedrich Merz como canciller ya es una declaración de guerra a toda la clase obrera. Millonario reaccionario, exdirector general para Alemania del mayor grupo de inversión BlackRock, muestra abiertamente su desprecio hacia los trabajadores.

Desde su nombramiento, ha comenzado a tratar a los trabajadores alemanes de vagos que habrían vivido durante mucho tiempo por encima de sus posibilidades y promete una serie de “reformas” radicales del código laboral y la seguridad social... siguiendo el modelo de las leyes Hartz del canciller Schröder socialdemócrata de hace veinte años.

Autorizar jornadas laborales de 13 horas, retrasar la edad de jubilación, que ya es de 67 años en la actualidad, dejar de pagar las prótesis de rodilla a los jubilados mayores de 75 años... Cada semana se lanza una nueva idea para hacer trabajar aún más a los trabajadores y desviar aún más dinero público hacia las arcas patronales, supuestamente para reactivar la economía alemana.

Solo en los seis primeros meses del nuevo Gobierno, ya se han concedido a los empresarios más de 50.000 millones de euros en recortes fiscales anuales. Por no hablar de las subvenciones, cuyas cuantías superan lo imaginable. La deuda pública, que hasta entonces era proporcionalmente muy inferior a la de otros países europeos, está literalmente disparándose.

Toda la clase política, incluida la oposición, está de acuerdo: para apoyar a los grandes grupos industriales en su guerra económica internacional, hay que eliminar cualquier obstáculo: restricciones presupuestarias, seguridad en el trabajo, normas de construcción, protección del medio ambiente. Un ejemplo: una portavoz de los Verdes —cuya imagen ecológica es su principal carta de presentación— reclamó recientemente que la industria siderúrgica quedara exenta de cualquier restricción en materia de emisiones de CO₂. Argumentaba que solo una medida de este tipo salvaría la competitividad de las fundiciones en Alemania y que sería vital, ya que, en caso de guerra, se necesitaría el acero producido en Alemania para garantizar la producción de armas.

La propaganda militarista

La militarización ha dado un salto adelante con el nuevo Gobierno. Este ha vuelto a aumentar el gasto armamentístico, que superará los 100.000 millones en 2026. Y ahora necesita futuros soldados para utilizar todas esas armas y, sobre todo, debe preparar ideológicamente a la población.

Por lo tanto, el Gobierno acaba de decidir reintroducir a partir de enero un servicio militar que puede durar entre 6 y 23 meses. A partir de ahora, todos los chicos de 18 años deberán pasar una entrevista y un examen médico obligatorios. El servicio militar en sí mismo sigue siendo voluntario por el momento. Pero el Gobierno ya ha anunciado que, si no se alcanza el objetivo de 30.000 y luego 40.000 voluntarios al año, pasará a ser obligatorio.

El viernes 5 de diciembre, unos 35.000 estudiantes de secundaria se manifestaron en contra del servicio militar. Sin embargo, la mayoría de la población aprueba estas medidas. Desde el comienzo de la guerra en Ucrania, la propaganda de que una Alemania indefensa sería la próxima víctima del expansionismo bélico de Putin es omnipresente. Y, lamentablemente, hay que reconocer que esta propaganda, que incluso han retomado los sindicatos, está surtiendo efecto. Por lo tanto, uno de nuestros ejes de debate importantes es tratar de convencer de que el riesgo de guerra no proviene de Putin, sino de nuestra propia clase dirigente.

A pesar de todo, el nuevo Gobierno, que se supone que es el perro de presa de la patronal, ya ha mostrado sus primeras fisuras. Para obtener la mayoría, la CDU de Merz se vio obligada a aliarse con el partido socialdemócrata SPD. Este, para no perder a sus últimos votantes, que proceden esencialmente del ámbito obrero y sindical, se ve obligado a fingir que se opone al menos a los proyectos más antiobreros y reaccionarios de Merz, mientras que una fracción de la derecha impulsa proyectos aún más radicales, aunque ello suponga la ruptura de la coalición.

Si el Gobierno ha sobrevivido estos seis primeros meses, es sobre todo gracias al profundo sentido de la responsabilidad del partido socialdemócrata ante la burguesía.

La destrucción de puestos de trabajo industriales

Mientras el Gobierno sigue discutiendo sobre los ataques que debe lanzar contra el mundo laboral, estos ya están en pleno apogeo en las empresas. En dos años, se han destruido 200.000 puestos de trabajo sólo en la industria.

Entre 2010 y 2018, el número de asalariados aumentó en las empresas. Pero desde entonces se ha producido un brutal retroceso. Tras tres años de recesión, la patronal está decidida a deshacerse radicalmente y lo antes posible de todo lo que pueda obstaculizar el mantenimiento de sus enormes beneficios. Estamos asistiendo a una serie de ataques violentos, con despidos masivos y anuncios de cierres de plantas, uno tras otro.

No se trata de la “desindustrialización de Alemania”, pero sí de una sangría brutal. Y esta vez también afecta a un gran número de trabajadores que aún se creían un poco protegidos: los trabajadores de los grandes grupos automovilísticos, de la construcción mecánica, de la química o incluso de la función pública. Paralelamente, se está llevando a cabo una caza de trabajadores enfermos.

Tomemos el ejemplo de un polo químico en la región del Ruhr, un centro con 10.000 empleados repartidos en más de 70 fábricas. Hasta hace poco, cada año se contrataba a cientos de jóvenes con contratos indefinidos tras su aprendizaje. Para ellos, eso significaba tener un trabajo “para toda la vida”, con un sueldo neto de 3.000 euros. Cuando hablábamos con ellos a la puerta de la fábrica, la reacción solía ser: “No es a nosotros a quienes hay que acudir. Nosotros estamos bien”.

En dos años, la situación ha cambiado por completo. Solo este año, se han cerrado tres fábricas del complejo, lo que ha provocado cientos de despidos. Además, todos los aprendices del complejo también han sido despedidos, 3.500 trabajadores han sido externalizados y otros se enfrentan a importantes recortes salariales. Y lo mismo ocurre en todo el sector químico.

No es casualidad que precisamente en ese momento el Gobierno endurezca enormemente las sanciones contra los desempleados. Si se rechaza una oferta de empleo, la RSA (Renta de Solidaridad Activa) y cualquier ayuda para la vivienda y la calefacción pueden suprimirse por completo durante varios meses. Hay que asegurarse de que los cientos de miles de trabajadores despedidos de los grandes grupos industriales acepten ahora trabajos precarios, con el salario mínimo interprofesional y condiciones laborales degradadas.

Por el momento, la mayoría de los trabajadores se sienten impotentes ante esta ola de cierres y despidos. Sobre todo, porque los sindicatos les refuerzan este sentimiento. Peor aún, les dicen a los trabajadores que el enemigo no es el patrón que despide, sino el Gobierno que impone demasiados impuestos a las empresas.

Por ejemplo, en una fábrica química de Ineos en Renania del Norte-Westfalia, los trabajadores se enteraron en octubre de que la mitad de la fábrica cerrará a finales de diciembre. La única reacción del sindicato fue decir a los trabajadores: “No se preocupen. Los abogados negociarán un buen plan social. Sin embargo, si queremos salvar el resto de la fábrica, tendremos que luchar para que el Gobierno ‘nos’ ayude... contra la competencia china y estadounidense”. En todo el sector químico, ante la incesante serie de anuncios de cierres, los sindicatos no han convocado ni una sola huelga.

En otros sectores, la situación no es mucho mejor. Incluso cuando los trabajadores quieren luchar, como en el sector de la automoción, los sindicatos hacen todo lo posible por apagar la pequeña llama.

Este fue el caso de Volkswagen a principios de año. Y aún más en Ford, en Colonia, donde la dirección había anunciado el despido de 3.000 trabajadores, una cuarta parte de la plantilla de la fábrica. El 94% de los 11.000 trabajadores votaron entonces a favor de una huelga indefinida para luchar contra estos despidos. Pero el sindicato IG Metall solo convocó un paro de 24 horas, antes de firmar un acuerdo en el que aceptaba todos los despidos. Si se quería desmoralizar incluso a los trabajadores que aún no lo estaban, ¡no se podía hacer mejor!

Intentamos discutir con los trabajadores el peligro de dejarse arrastrar por la lógica patronal de la competencia, que los divide empresa por empresa y país por país y les impide luchar contra su verdadero adversario, cuando lo que habría que hacer es unirse para poder defenderse de sus ataques masivos. Intentamos demostrar que esta guerra económica nos está llevando directamente a la guerra.

Auge de la extrema derecha y las ideas reaccionarias

La política de desmoralización y división llevada a cabo por las direcciones sindicales favorece a la extrema derecha.

Ella se está fortaleciendo a gran velocidad. El partido de extrema derecha, que existe desde hace apenas 12 años, se ha convertido en el segundo partido más votado en el oeste y el primero en todas las regiones de la antigua Alemania del Este. Y aunque su discurso se vuelve cada vez más radical, llegando incluso a reivindicar abiertamente la deportación de millones de migrantes, incluso de nacionalidad alemana, sigue ganando votantes, incluso entre la población inmigrante.

Pero esta rápida evolución también sorprende a mucha gente. Sobre todo, porque la política de Merz consiste en intentar competir con la AfD llevando a cabo también una política muy reaccionaria y agresiva hacia los inmigrantes. Apenas 24 horas después de ser nombrado canciller, en una campaña muy mediática, instauró un control fronterizo.

Merz anuncia regularmente el número de expulsiones, como si se tratara de los resultados de un partido de fútbol. Y él y sus ministros lanzan provocaciones calculadas, explicando, por ejemplo, que los inmigrantes de origen árabe, al igual que los musulmanes, estarían impregnados de concepciones prehistóricas del hombre, o que los inmigrantes perjudicarían la imagen de las ciudades alemanas.

Ante estas declaraciones, se ha oído en varias ocasiones a trabajadores inmigrantes decir: “Nosotros, los inmigrantes, deberíamos hacer una huelga de un día. Entonces se darían cuenta de lo mucho que nos necesitan”. Aunque bastante comprensibles, estas declaraciones también reflejan una división entre “ellos” y “nosotros” según el origen, que hasta entonces apenas existía en la clase obrera alemana.

Todo esto pesa sobre el día a día del mundo laboral y también sobre nuestras actividades militantes. En las últimas elecciones, la AfD se llevó la mayoría de los votos en casi todos los barrios obreros en los que estamos presentes habitualmente, y está empezando a hacerse notar en las empresas.

Por otro lado, esta evolución reaccionaria también preocupa especialmente a una parte de la juventud. Entre ellos, algunos han comenzado a plantearse preguntas sobre la sociedad, a veces a través de sus disputas habituales con sus padres, influenciados por las ideas de la extrema derecha.

Por lo tanto, hay personas indignadas ante la preocupante evolución de la sociedad. Intentamos encontrar entre ellas a aquellas que estén dispuestas a analizar realmente los orígenes de esta evolución para intentar convencerlas de la validez de nuestras ideas.

 

Lutte ouvrière / Arbeidersstrijd (Bélgica)

Mientras que las crisis gubernamentales se multiplican en Francia o Alemania, en Bélgica, el país que ostenta el récord de 541 días sin gobierno, actualmente tenemos un gobierno en funcionamiento. En el capitalismo en crisis, esto significa que tenemos un gobierno que lucha contra los trabajadores.

En el poder desde diciembre de 2024, acaba de anunciar su tercer paquete de ataques contra los trabajadores.

El primer ministro de esta coalición de derecha es Bart de Wever, del partido nacionalista flamenco NVA. Este personaje y su partido desempeñaron un papel importante en 2010-2011, cuando el país permaneció 541 días sin gobierno bajo la presión de los nacionalistas flamencos, en un ambiente en el que la gente temía que el país se desintegrara. Hasta que el partido socialista francófono aceptó aplicar las medidas exigidas por los empresarios... no solo flamencos.

Hoy, De Wever, que hace 15 años decía desear la desaparición de Bélgica y se resistía a la bandera belga o a la lealtad al rey, dice ahora que quiere celebrar los 200 años de Bélgica en 2030 como primer ministro...

Llegar hasta ahí no será tan sencillo. Y no solo porque la extrema derecha flamenca corre el riesgo de recuperar a parte de sus votantes decepcionados, sino también porque la burguesía a la que sirve se encuentra atrapada en una situación sin salida. ¡Y que va mucho más allá de la pequeña Bélgica o la diminuta Flandes!

 

La cuestión de los activos rusos

Esto se ve actualmente en la historia de los activos rusos. El primer ministro belga está dando que hablar porque es mucho menos partidario que Merz, Macron y Von der Leyen de infringir el derecho internacional y violar la sacrosanta propiedad privada para confiscar los 180.000 millones de euros rusos con el fin de financiar la guerra en Ucrania. Este dinero está congelado en Euroclear, un banco con sede en Bruselas.

La directora general de Euroclear advierte del riesgo de una grave pérdida de credibilidad del sistema bancario y de una posible crisis financiera. De Wever y la burguesía belga temen claramente abrir la caja de Pandora y convertirse en blanco de ataques... quizá por parte de Rusia, pero sobre todo por parte de los mercados financieros. El periódico belga Le Soir titulaba: “El dilema de Euroclear: el terrible dilema moral de Bart de Wever: salvar a Ucrania o las finanzas de Bélgica”. Las presiones que recibe de diferentes frentes determinarán la decisión final (Merz acaba de invitarlo a cenar a solas). Pero independientemente del bando que elija y del demonio que salga de la caja de Euroclear, las consecuencias las sufrirán los trabajadores y la población.

Militarización y guerra social

Y, por supuesto, Bélgica sigue el mismo camino de militarización. El ministro de Defensa, Théo Francken (también de la NVA), acaba de enviar una carta a todos los jóvenes de 17 años invitándoles a alistarse en el nuevo servicio militar voluntario de un año. Les promete un sueldo de 2.000 euros y “hacer amigos para toda la vida”. En realidad, solo hay 500 plazas. Pero el objetivo del momento se ha alcanzado: introducir en los hogares la idea de la guerra y el sacrificio por “la patria”.

Mientras tanto, la guerra social está en pleno apogeo. Los ataques llueven en todas direcciones y a todos los niveles del poder, así como en las empresas, por supuesto. Recortes en las pensiones, recortes drásticos en los servicios públicos, en las escuelas, una nueva limitación de la indexación de los salarios, trabajo en domingo, cada vez más flexibilidad, aumento de todos los impuestos municipales... Y para que los trabajadores acepten las condiciones laborales y salariales deterioradas, se ha tomado la medida más espectacular: la limitación de los derechos de desempleo a dos años. A partir de enero de 2026, cerca de 200.000 desempleados perderán sucesivamente sus derechos a las prestaciones. Todo el mundo se ve afectado y la inquietud va en aumento, al igual que la sensación de impotencia... por ahora.

Reacciones alentadoras, pero muy circunscritas

Sin embargo, el 14 de octubre, una manifestación nacional convocada por las direcciones sindicales reunió a 120.000 personas. Ver a tanta gente reunida tuvo un efecto alentador. Y una segunda manifestación podría haber reunido a aún más gente. Por eso las direcciones sindicales convocaron una huelga. Hubo tres días de huelga: primero en el transporte público, luego en todos los servicios públicos y, finalmente, una huelga general en la que se sumó el sector privado. En Bélgica, una huelga significa que hay piquetes, formados por los permanentes y los delegados. La gran mayoría de los trabajadores se quedan en casa. En lugar de reunirnos 120.000 personas, nos encontramos 4, 5 o 10 en el frío...

No es la primera vez que las direcciones sindicales convocan este tipo de huelga para evitar situaciones en las que los trabajadores puedan contarse y constatar que son muchos. Y el blanco es sobre todo el Gobierno, que no los empresarios, para intentar reflotar electoralmente a la izquierda. Como afirmaba a finales de octubre en la prensa el presidente de la FGTB valona, Tamellini: “Los sindicatos, contrariamente a lo que se cree, son los primeros defensores del desarrollo económico. Los mejores embajadores de las empresas son los delegados sindicales”. En lugar de reforzar a los trabajadores frente a los graves ataques actuales y futuros, las direcciones sindicales han reforzado, una vez más, la desmoralización de los militantes.

Los comunistas revolucionarios no tenemos ningún medio para influir, pero toda la situación es propicia para el debate con los trabajadores y con los jóvenes, con aquellos que están dispuestos a ir a contracorriente o buscan ideas.

 

L'Internazionale (Italia)

Detrás de las bravuconerías de Meloni

Movilizaciones obreras por la causa palestina

Tras muchos años de inmovilismo casi total, ha surgido una novedad: las manifestaciones y huelgas en favor de la población de Gaza, que desde mediados de septiembre hasta mediados de octubre han sido movilizaciones importantes en muchas ciudades. La Confederación General del Trabajo (CGIL) también participó, convocando una jornada de huelga general el 3 de octubre de acuerdo con la USB, el sindicato independiente más conocido.

Esta adhesión masiva fue un fenómeno que despertó mucho interés y dio lugar a numerosos artículos periodísticos, en los que se destacaba generalmente el carácter espontáneo de la participación en las manifestaciones. Hoy en día, todo esto parece haberse desvanecido. En cualquier caso, el recuerdo de ese momento en el que se vio salir a la calle a mucha gente que, en circunstancias normales, ni siquiera se lo habría planteado, sigue vivo en la memoria de todos.

Los grupos y elementos más activos, por ejemplo entre los estibadores, actuaron de forma decidida, especialmente en Livorno, Génova y Ancona, para impedir el atraque de buques sospechosos de transportar armas a Israel. Estas acciones contaron con un apoyo masivo, no sólo por parte de los estibadores, sino también de los manifestantes. Su número, una vez reunidos en los muelles, desanimó el atraque de los barcos y obligó a las compañías navieras a buscar otros puertos de escala.

Otro hecho positivo fue la movilización de los trabajadores siderúrgicos. Este sector es objeto desde hace tiempo de una reestructuración cuyos contornos no se comprenden bien, salvo la voluntad manifiesta de reducir la plantilla en lo que antes eran las “catedrales” de la producción siderúrgica pública. En esta lucha, aún en curso, son principalmente los trabajadores de Tarento y Génova los que están en huelga. Tarento es la mayor acería de Italia y una de las más grandes de Europa, con unos 7.950 empleados de los 9.700 que cuenta el grupo. Tanto en Génova como en Tarento, los trabajadores han ocupado la autopista y, en Génova, han bloqueado el aeropuerto.

Como siempre que el clima social se caldea y se producen movilizaciones importantes, se plantea la cuestión de la dirección política del proletariado. Sabemos bien que las fuerzas y los grupos políticos que ejercen mayor influencia en las diferentes movilizaciones masivas y movimientos de huelga están todos, de una forma u otra, vinculados a la burguesía y limitados a su horizonte político. Y en esta situación, el grado de radicalidad alcanzado por estas luchas no cuenta mucho.

En el caso de las manifestaciones y huelgas en favor del pueblo palestino, la presencia absolutamente preponderante de banderas palestinas dejaba clara, incluso visualmente, la subordinación al nacionalismo palestino, sin dejar lugar a una reflexión internacionalista y comunista, sin abordar en absoluto la cuestión de las clases sociales y sin que apareciera la necesidad de diferenciarse de la burguesía palestina.

En cuanto a los metalúrgicos, digamos que, por muy duras que sean las formas de lucha, uno de los principales objetivos de los sindicatos es el regreso con fuerza del Estado al capital de la sociedad Acciaierie d'Italia, insistiendo en cada localidad en el mantenimiento de la producción in situ, convirtiéndolo en una cuestión local. Defender Tarento o defender Génova parece prevalecer entonces sobre “defender a la clase obrera”.

En Génova, la Federación de Metalúrgicos (Fiom) incluso realizó una pancarta con la frase, en genovés antiguo, «Che l'inse? » (¿Voy?), que según la leyenda habría sido pronunciada por Balilla, un joven del barrio popular de Portoria, y que desencadenó, en 1746 (!), la revuelta popular contra los ocupantes austriacos y piamonteses. La identificación con la historia de la ciudad le jugó una mala pasada a la Fiom genovesa, al resucitar a Balilla, uno de los héroes y mitos utilizados posteriormente por el fascismo.

Es cierto que la situación de la clase obrera en su conjunto requeriría una gran movilización general, sólidamente organizada para perdurar en el tiempo y orientada hacia unos objetivos importantes, comprensibles y compartibles por todos. La huelga nacional convocada por la CGIL para el 12 de diciembre dará una idea de la situación, al menos en lo que respecta a los sectores más organizados del mundo laboral. Pero hay que decir que la dirección del sindicato ni siquiera ha querido renovar la experiencia unitaria con el sindicalismo de base y que, por lo tanto, a finales de noviembre ya hubo una convocatoria de huelga general por parte de la USB y otros sindicatos.

Por su parte, el Gobierno ha optado por la vía del insulto y el menosprecio hacia la CGIL y el sindicalismo más combativo. Y se jacta de sus “éxitos” en el ámbito económico, incluido el aumento del número de puestos de trabajo. No tenemos tiempo aquí para analizar los datos en los que se basan las fanfarronadas de Meloni y sus acólitos, pero es evidente que lo que aumenta es el número de trabajadores de las franjas de edad más avanzada, debido al retraso de la edad de jubilación, mientras que el de los trabajadores de las franjas más jóvenes disminuye.

Parasitismo creciente en un contexto de estancamiento económico

Entre otras cosas, el estancamiento casi total del PIB, que sitúa a Italia en la parte baja de la clasificación de los países europeos en términos de crecimiento, demuestra que este aumento del número de puestos de trabajo se produce en gran parte en sectores de “trabajo pobre”, es decir, con salarios muy bajos y en ámbitos poco cualificados. El estancamiento parcial de la demanda interna de bienes de consumo va en la misma dirección.

Por supuesto, todo esto no impide que la minoría privilegiada del país aumente su riqueza. Existe una burguesía que, en sus sectores más ricos, los de los millonarios o incluso los multimillonarios, no se ve afectada por las políticas económicas de los distintos gobiernos y a la que no se le pide que contribuya a rellenar las arcas del Estado, que están vacías, sobre todo cuando se trata de financiar la educación, la sanidad o la vivienda social.

Así, en el Parlamento, el debate presupuestario actual gira en torno a unos 18.500 millones de euros. El aumento de la riqueza patrimonial registrado en 2024 por los 70 multimillonarios italianos oficialmente censados es de 71.000 millones, ¡casi cuatro veces más!

El capitalismo italiano ha reforzado sus características parasitarias en los últimos años. La familia Agnelli, que en su día fue símbolo de la industria nacional, controla ahora una sociedad financiera que constituye, de hecho, la “caja fuerte” familiar, Exor, con domicilio fiscal en los Países Bajos, accionista de referencia de Stellantis, propietaria de varios periódicos italianos, así como de The Economist, pero sobre todo con ramificaciones financieras en todo el mundo.

Para resumir las características del capitalismo italiano, hay que destacar tres puntos.

1. El peso creciente del sector financiero y de la renta en todas sus formas.

2. La pulverización del sistema productivo.

3. La importancia de la propiedad pública en el pequeño grupo de grandes empresas. Entre estas grandes empresas públicas, las relacionadas con la energía ocupan un lugar preponderante, seguidas de las que operan en el sector de la defensa.

Las implicaciones políticas de este “modelo” capitalista son diversas. Pero basta con destacar las relaciones muy particulares que se han desarrollado a lo largo de los años entre el sector capitalista-estatal y el aparato del Estado, los gobiernos y los diferentes partidos políticos. Por ejemplo, los comentaristas coinciden casi unánimemente en que ENI, la gran empresa italiana de hidrocarburos, ha desarrollado una gran influencia en la política exterior italiana, determinando a menudo su orientación o desarrollando una diplomacia paralela.

Militarización y ofensiva cultural nacionalista

En materia de política exterior, desde el principio el Gobierno de Meloni ha tratado de presentarse como el aliado más fiel de Estados Unidos en Europa. Esto era cierto en la época de Biden y aún más en la de Trump. La postura de Trump sobre la guerra en Ucrania permitió a Meloni y sus socios desempeñar aún más el papel de aliados de Zelensky, pero en la práctica moderan considerablemente su apoyo y apuestan sobre todo por la “solución diplomática” que busca la Administración estadounidense, en lugar de por una imposible victoria militar ucraniana.

Dado que la opinión pública ya se opone firmemente a la implicación directa de Italia en la guerra, esto refuerza la convicción de que Meloni es una especie de garantía de paz para los italianos, mientras que el Partido Demócrata (PD), de centroizquierda, es percibido como el “partido de la guerra” debido a sus repetidas declaraciones a favor de un apoyo militar aún mayor a Kiev, de un ejército europeo, etc.

Al igual que en otros países europeos, se ha impuesto una simplificación del panorama político, con los objetivos del centroizquierda por un lado: europeísmo, ejército europeo, armas a Ucrania, guerra contra Rusia. Por otro lado, los objetivos del centroderecha parecen ser la soberanía nacional, un ejército nacional, una ayuda militar limitada a Ucrania y la perspectiva de buenas relaciones con todos, incluida Rusia.

En nuestra propaganda, a veces hablamos de “militarización” de la economía. Esto no deja de ser una tendencia, un punto de llegada de la evolución actual de las relaciones económicas y políticas internacionales. El Estado italiano y el capitalismo italiano también han entrado sin duda en la vorágine del rearme, pero esto no se está haciendo de forma lineal y sin contratiempos.

La cuestión del acero nos da una pista. El acero es sin duda un material indispensable para la fabricación de armas pesadas y ligeras. La posesión física de empresas siderúrgicas en el propio territorio nacional favorece sin duda las perspectivas de rearme de un país. Sin embargo, esta simple constatación no incita ni al Gobierno ni a ningún grupo importante de la burguesía italiana a reivindicar la posesión y la reorganización de las acerías con el fin de proporcionar una base material para la “defensa de la patria”.

En el plano propagandístico y, digamos, cultural, las cosas avanzan más rápidamente y, sobre todo, sin demasiadas cuestionamientos. El ministro de Defensa, Guido Crosetto, ha promovido toda una serie de iniciativas que van en la dirección de una reevaluación de las fuerzas armadas, de sus “valores” (?), de la historia nacional vista desde el punto de vista de las batallas y las guerras, sin insistir demasiado en el frente en el que se desplegaron los militares italianos. Todo se oculta bajo mentiras bien elaboradas que enmascaran las verdaderas razones de las guerras, los crímenes cometidos en el pasado por el ejército italiano, la aniquilación de sus propios soldados cuando eran declarados culpables de “deserción”...

La ofensiva propagandística patriótica se extiende a la publicidad y a las ficciones televisivas. No se trata solamente de anuncios para el reclutamiento en las diferentes fuerzas armadas y policiales. Las ficciones proponen constantemente tipos ideales de italianos: buen carácter, empatía, simpatía por los más débiles, pero también inteligencia, valentía y amor por la patria, nunca ostentosamente exagerado.

Estas producciones televisivas nos hablan de soldados, científicos, médicos, empresarios, con una técnica ciertamente mucho más refinada que la del cine de la época de Mussolini, pero que sigue teniendo como objetivo reforzar el sentimiento de “identidad nacional” hasta convertirlo, evidentemente, en algo que hay que estar dispuesto a defender con la vida si es necesario.

Incluso en las escuelas continúa la ofensiva “cultural” nacionalista. Se multiplican las iniciativas, en las que a veces participan incluso los niños de primaria, siempre con el doble objetivo de aumentar el “índice de patriotismo” de la población y presentar el mundo militar como un entorno amistoso, que además puede ofrecer un trabajo remunerado, algo que hay que apoyar y aprobar en todos los casos. El ejército son “nuestros chicos que nos defienden”, como se escuchó recientemente en un encuentro con una clase de escolares en el sur.

 

Sınıf Mücadelesi (Turquía)

El clan de Erdogan se aferra al poder

Desde el año pasado, la situación en Turquía ha seguido deteriorándose en todos los ámbitos: económico, político y social. Una consecuencia de ello es el descrédito total del Gobierno de Erdogan, que se mantiene en el poder aplicando una represión cada vez mayor. También mantiene la apariencia de apertura sobre la cuestión kurda, celebrando reuniones con el partido nacionalista kurdo, el DEM. Esto no conduce a nada concreto, pero sí permite pronunciar discursos sobre una “solución” que conduciría a la “fraternización de los pueblos kurdo, árabe y turco” en Turquía y en todo Oriente Medio.

Ya hubo un intento de este tipo hace unos diez años, tras el cual el poder de Erdogan no solo no cumplió sus promesas, sino que aumentó la represión contra el movimiento nacionalista kurdo. Hoy en día también es probable que se llegue a un punto muerto y al fracaso. El poder de Erdogan, incapaz de reconocer los derechos de la población turca, será igualmente incapaz de reconocerlos a la población kurda de Turquía. De hecho, Erdogan propone esta alianza al DEM para obtener los votos de la población kurda en las próximas elecciones, que de otro modo está seguro de perder, pero no está dispuesto a hacer ninguna concesión concreta.

Mientras tanto, el alcalde de Estambul, Ekrem Imamoglu, muy popular y principal opositor de Erdogan, fue encarcelado en marzo y ahora se enfrenta a una pena de 2.340 años de prisión. El expediente de la acusación tiene 3.700 páginas y acumula acusaciones sin ninguna prueba. Varios alcaldes de distritos de Estambul y el consejo de administración del municipio también están siendo investigados por diversos delitos más o menos inventados, como el amaño de licitaciones, el blanqueo de dinero, los intentos de abuso de poder y el cobro de sobornos. Pero Imamoglu también es “responsable de los delitos cometidos por otros”, como líder de una organización que no es otra que el partido socialdemócrata CHP, el antiguo partido de Mustafa Kemal, que sin embargo está lejos de ser un partido revolucionario.

Una base social erosionada por la crisis

El problema de Erdogan es que, desde hace diez años, el régimen ha ido perdiendo progresivamente su base social y electoral debido a sus métodos dictatoriales y, sobre todo, al desgaste económico. En octubre de 2023, la tasa de desempleo había alcanzado el 21,3% y la tasa actual es del 28,6%. Mientras que hay 32 millones y medio de asalariados, el número de desempleados supera los 11 millones de personas, lo que supone una tasa de desempleo del 25%. El resultado de esta crisis económica es que, en octubre de 2023, cerca de 23 millones de personas fueron procesadas por no poder pagar sus deudas. Y esta cifra ha seguido aumentando.

Cuando el partido de Erdogan llegó al poder en 2003, la deuda externa era de 130.000 millones de dólares y actualmente ha aumentado hasta los 550.000 millones de dólares. Al mismo tiempo, una minoría de capitalistas y dirigentes cercanos a Erdogan se han enriquecido enormemente. Pero el 20% de los recursos del Estado se destinan al pago de los intereses de la deuda.

Para poder mantenerse en el poder con tal degradación social, Erdogan y su banda han aplicado “el método del palo”. Así, en los últimos diez años, las detenciones han batido récords. En los últimos seis meses, ha habido 50.000 encarcelamientos adicionales. Y el número total de presos ha superado los 400.000, mientras que las cárceles solo tienen capacidad para 300.000. Así, de un total de 143 países, la Turquía de Erdogan ocupa oficialmente el puesto 118 en cuanto al respeto de las leyes y el 134 en cuanto al respeto de los derechos humanos fundamentales.

Por supuesto, se podría pensar que el descontento de la población acabará estallando, como se ha visto en varios países en los últimos años, y de hecho esto empezó a ocurrir en marzo tras la detención de Imamoglu. Pero, en realidad, el partido kemalista CHP, que se ha convertido en el mayor partido de la oposición desde las elecciones municipales de 2024, sirve en cierto modo de válvula de escape. Desde marzo pasado, ha organizado 59 mítines masivos, incluso en los bastiones del partido de Erdogan, prometiendo que “mañana será maravilloso”, pero ofreciendo como única perspectiva votar bien en las próximas elecciones. No es de extrañar por parte de este partido burgués que ha estado mucho tiempo en el gobierno y que es realmente un elemento del sistema político.

Por otra parte, si bien hay luchas que continúan en diferentes sectores, en general están bien controladas por las burocracias sindicales y, frente a ellas, el poder y la patronal pueden hacer algunas concesiones en el plano económico. Pero no podemos sino preguntarnos hasta cuándo la burguesía turca logrará impedir que la situación desemboque en un verdadero estallido social.

 

Lutte Ouvrière (La Reunión)

El alto precio de la explotación

Los trabajadores de La Reunión se enfrentan a las mismas dificultades sociales que aquí. El peso del desempleo y la precariedad deteriora las condiciones de vida de las clases populares. Los empresarios, ávidos de beneficios, imponen el empeoramiento de las condiciones de trabajo y los bajos salarios. En 2024, ocho trabajadores perdieron la vida en el trabajo. El número de accidentes laborales está aumentando. Se han declarado 6.650 accidentes, lo que supone casi 30 accidentes por cada 1.000 empleados. El sector de la construcción ya no es el único gravemente afectado.

Tomemos como ejemplo la gran distribución, en manos de unas pocas familias ricas y grupos capitalistas franceses o caribeños, que emplea a miles de trabajadores. La rentabilidad es superior a la de la metrópoli. Estos explotadores afirman con orgullo que los periodos de crisis favorecen sus negocios. De hecho, no han dudado en subir los precios durante la pandemia de COVID-19 y el bloqueo del canal de Suez. Sus beneficios aumentan año tras año. Los consumidores pagan el precio, eso es evidente. Lo que no es tan evidente es lo que les cuesta a los trabajadores, a los que se les paga en su mayoría el salario mínimo con contratos precarios y a tiempo parcial para ritmos infernales, un trabajo físico y repetitivo, la presión de los jefes para alcanzar los objetivos y la polivalencia. Condiciones de trabajo que provocan enfermedades musculoesqueléticas y agotamiento.

En las empresas de servicios a las personas que emplean a varios miles de trabajadoras, las contrataciones también se realizan con el salario mínimo y, a menudo, a tiempo parcial. Además, estas trabajadoras se ven obligadas a utilizar su vehículo personal para desplazarse y sus indemnizaciones no cubren íntegramente los gastos incurridos. Al no sustituir a los jubilados, los dimitidos y las bajas por enfermedad, los jefes hacen todo lo posible por recuperar lo que han tenido que ceder en aumentos salariales en sectores que se han movilizado. Así, los jefes utilizan todo tipo de estratagemas para que se acepte que una sola persona haga el trabajo de varias. Al final, las bajas por enfermedad y los accidentes laborales no dejan de aumentar.

En los hospitales, la falta de personal es crónica: el 48% del personal sanitario se encuentra en situación de agotamiento. De hecho, la situación de los trabajadores se está deteriorando en todos los sectores, tanto privados como públicos. La desaparición de miles de empleos subvencionados y la reducción de su financiación por parte del Estado priva de sustento a las familias más modestas y, al mismo tiempo, supone un grave peligro para las actividades indispensables de las asociaciones y las colectividades locales.

Ante la magnitud de los ataques patronales tanto en las pequeñas empresas como en las más grandes, el sindicato CGTR es llamado en ayuda en conflictos colectivos, sobre salarios o contra despidos. La política de los revolucionarios es entonces defender algunos principios democráticos en la lucha. Pero muchos trabajadores aislados, desorientados o que quieren huir del infierno del trabajo se ven obligados a emprender largos y arriesgados procesos ante los tribunales laborales para recuperar su salario o sus indemnizaciones.

Solo los revolucionarios pueden entonces hacerles descubrir las ideas de la lucha de clases y hacerles tomar conciencia de que los trabajadores son los que hacen funcionar todo en la sociedad y que los patrones son los aprovechados y los parásitos. Los empresarios ya son mimados por los responsables políticos de derecha e izquierda con millones de subvenciones. Pero además, como ocurrió recientemente con la muerte de un empresario de La Reunión, los responsables políticos, con LFI a la cabeza, no tienen palabras suficientes para expresar su tristeza...

El ciclón, revelador de la negligencia del Estado

El 28 de febrero, el paso del ciclón Garance causó cinco muertos y tuvo importantes repercusiones en las viviendas, la agricultura, las redes eléctricas y telefónicas y los edificios públicos. Hubo cortes de luz en todos los sectores de la isla. La reparación de las redes telefónicas llevó hasta cinco meses en algunos barrios. Los habitantes expresaron su enfado bloqueando las calles, como en Saint-André o Saint-Benoît. De hecho, Garance puso de manifiesto la falta crónica de medios y mantenimiento de las redes, los defectos de construcción, las incoherencias de los contratos de reparto de las redes móviles e Internet entre los principales operadores de la isla y los subcontratistas, que se pasan la pelota unos a otros cuando se trata de intervenir para realizar las reparaciones...

Los cortes de agua demasiado frecuentes no se deben al ciclón, sino a la negligencia general en la gestión de este producto de primera necesidad. En el circo de Salazie, los habitantes se están organizando. En vísperas de las elecciones municipales, quieren que el alcalde exija a las empresas concesionarias que cumplan con sus obligaciones. Para que se entienda bien, invitan a la población a llevar sus facturas de agua al ayuntamiento en una operación denominada “sin agua, no hay pago”.

La campaña municipal

Como viene haciendo desde 2001, Lutte ouvrière presentará una lista en el ayuntamiento de Saint-Benoît. La cuestión de una vida cada vez más difícil, y la cuestión del poder adquisitivo son las principales preocupaciones de los trabajadores. Saint-Benoît es una ciudad especialmente afectada por el desempleo. Muchas familias viven de las ayudas sociales. La gente se queja mucho de los precios, que no dejan de subir. Incluso los productos locales son prohibitivos (plátanos: 7 euros el kilo, pimientos: más de 5 euros el kilo, etc.). Se oye decir: “Comemos menos, ya no vamos al dentista. Apretamos los dientes, pero pronto apretaremos las encías”. Un joven trabajador denuncia: “Trabajo seis días a la semana y todos los meses me quedo en números rojos. Mi jefe no tiene ningún respeto. Si digo algo, me despiden”. Aunque el alcalde Selly apoyó en su momento a Macron, lo que le valió muchas críticas, no es por eso por lo que más se le critica hoy en día, sino sobre todo el deterioro de la ciudad.

En este tema, que asocia la inseguridad con la delincuencia, el RN se ha fortalecido y se oye decir: “Al menos ellos hablan claro”. Algunos añaden: “No soy racista, pero hay demasiada delincuencia, demasiados extranjeros.” Un agricultor incluso confiesa: “Mi yerno es comorense, mis nietos se parecen a los comorenses. Los adoro. Pero creo que votaré al RN”. La seguridad, tema muy querido por la extrema derecha, se ha convertido incluso en uno de los ejes de la campaña del diputado de LFI Ratenon, que presenta una lista a las municipales de Saint-Benoît.

La afirmación de que el bando de los trabajadores, unidos contra los explotadores, tendrá fuerza, suscita simpatía. Un trabajador lo resumió así: “No tenemos los mismos orígenes, pero sí tenemos las mismas dificultades. Y si nos levantamos juntos, también tendremos las mismas victorias”.

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