Este 8 de marzo, Día internacional de la Mujer Trabajadora, hay convocada huelga de estudiantes y múltiples manifestaciones recorrerán toda la geografía española. Los motivos sobran: 14 asesinadas en lo que va de año, 1.190 muertes desde el 1 de enero de 2003 hasta el día de hoy. De 2003 es el registro oficial que se empezó a llevar a cabo, pero la cifra es aún mayor pues no se contabilizaban, por ejemplo, víctimas que no tuvieran una relación sentimental con su agresor, ni la violencia vicaria, la violencia ejercida contra los hijos para dañar a la madre.
Según la Organización Mundial de la Salud, el 35% de la población femenina ha sufrido alguna vez en su vida violencia física y/o sexual de un compañero sentimental o violencia sexual de otro hombre sin esa relación; además, la violencia por parte de una pareja comienza muy pronto, ya que 24% de las jóvenes entre 15 y 19 años ya la han sufrido al menos una vez.
Amnistía Internacional lleva años denunciando la persistencia de múltiples obstáculos para la protección e identificación de las víctimas, y subrayando que no basta con la legislación. El problema de la violencia machista está arraigado en la sociedad porque, entre otras cosas, al capitalismo le interesa que las personas no tengan las mismas condiciones, que no “sean” iguales.
También es violencia que la mujer lidere las estadísticas del desempleo siendo el segundo país europeo con mayor paro para la mujer, sólo por detrás de Grecia y casi duplica al resto de países de la UE. Según la EPA del tercer trimestre de 2022 el desempleo tiene nombre de mujer: las 60.800 personas que se quedaron sin trabajo fueron mujeres.
Es por ello que también existe la violencia estatal personificada, por ejemplo, en la ley de Extranjería que golpea por partida doble a las mujeres inmigrantes o la reforma laboral que para nada ha mejorado la especial precarización de la mujer en el mundo del trabajo.
Este año el Día Internacional de la Mujer Trabajadora, celebrado en muchos países, en España estará marcado por la polémica de la Ley Orgánica de Garantía Integral de la Libertad Sexual, aprobada en mayo de 2022, conocida como la “Ley del sí es sí”. Por otro lado, el 16 de febrero fue aprobada de manera definitiva la Ley para la igualdad real y efectiva de las personas trans y para la garantía de los derechos de las personas LGTBI, lo que ha reactivado distintas posturas dentro del movimiento feminista.
Pero más allá de polémicas y discusiones se deber avanzar en la lucha de todo lo que nos une, que es mucho y que en última instancia es la toma de conciencia de avanzar hacia otra sociedad dónde se deseche la consideración de las personas como simples mercancías que se usan o descartan a voluntad. Por supuesto hacen falta verdaderos recursos materiales y humanos, mecanismos de protección que funcionen, formación y concienciación…
Pero más allá de todas las medidas concretas, muy necesarias, no podemos perder vista que lo que realmente hay que cambiar es el sistema capitalista, que perpetúa las desigualdades y la consideración de la mujer como una mercancía más propiedad del hombre. Así pues, no es suficiente con un feminismo de salón, un feminismo de “ministerios” que no lucha en la calle, y que incrementa el gasto -un 26%- para guerras y armamentos cuándo no es siquiera capaz de impedir que mujeres en situación límite sean deportadas o abusadas. Ni siquiera existen viviendas suficientes para que las mujeres maltratadas no tengan que seguir compartiendo techo con su maltratador o para ofrecer a sus hijos un entorno más seguro.
Por todo ello no es necesario que Amnistía Internacional nos recuerde que el problema no es sólo legislar; ¡hay también que luchar y cambiar de raíz la sociedad! El 2018 fue un hito y las huelgas feministas sirvieron de precedente para mirar de otra manera el Día Internacional de la Mujer, comprendiendo que la lucha de todas y todos es muy necesaria. Nadie pierde si se mejora la condición de la mujer, todo lo contrario, que un colectivo gane derechos beneficia al conjunto de la clase obrera.