Tsipras, hujier de la banca

Yazdır
Febrero de 2018

El lunes 15 de enero el Parlamento griego aprobó une nueva serie de medidas impuestas por los acreedores, la Unión europea, el Banco central europeo y el FMI, como condición a una nueva ayuda a Grecia, o así lo llaman.

Son decenas de medidas que legalizan los ataques en contra de los trabajadores: recortes en protección social, nuevas tasas, nuevos desahucios… Además viene una medida encaminada a limitar el derecho a huelga: para ser legal una huelga tendrá que ser votada por al menos un 50% de los afiliados a los sindicatos de la empresa.

Los sindicatos del sector público (ADEDY) y de la privada (GSEE) así como el sindicato PAME, ligado al Partido comunista griego, convocaron una huelga general el día de la votación que perturbó fuertemente todos los transportes públicos. Los maestros y el personal de salud se unieron al movimiento. Varios miles de personas se manifestaron en Atenas y Tesalónica.

Los acreedores denuncian la baja competitividad de las empresas y pretenden de que la culpa la tienen las huelgas. No es nada nuevo. Ya en el 2011 el directivo de las fábricas de cemento Héraklès tenía ese discurso y mandaba, directa y discretamente, sus sugerencias en cuanto a reforma laboral a los representantes del FMI. Poco a poco se dio una dislocación completa de las leyes laborales, la casi desaparición de los convenios colectivos, y la patronal, griega o extranjera, tuvo cada vez más posibilidades para imponer su voluntad.

El ataque en contra del derecho a huelga es un paso más; a ver si resulta efectivo. En todo caso, deja claro de que esa supuesta ayuda a Grecia no es solo un robo a costa de la población, sino que también existe una voluntad de negar los derechos de los trabajadores y los más pobres.

El empobrecimiento de la población es impresionante: según los sindicatos, un millón de trabajadores del sector privado reciben sus nóminas con entre tres y doce meses de retraso. La patronal, y no solo los pequeños empresarios, pisotean lo que queda de los derechos laborales: un banco tuvo que pagar una multa de 1,6 millones de euros por pagar a 200 empleados a media jornada cuando trabajaban a tiempo completo, algo muy común. Oficialmente, un 30% de los asalariados trabajan a tiempo parcial por 380 euros mensuales. Los sueldos de los trabajadores del sector público han bajado un 30% en los últimos años.

Todo aquello no impide al gobierno de Tsipras vender la subida del PIB y de las exportaciones, que seguro que a algunos capitalistas les viene muy bien, y la disminución del paro, que en realidad no refleja sino la precariedad creciente y la emigración de más de medio millón de griegos, la mayoría jóvenes.

Tsipras habla de salida a la crisis con el fin del programa de “ayuda” a Grecia para agosto de 2018. Pero esa llamada “ayuda” es muy útil a los banqueros griegos y europeos por lo que no la van a dejar antes de haber robado todo lo que puedan o más.