Solo la lucha obrera podrá frenar la precariedad y los despidos

Imprimir
Enero de 2022

Todas la RL desde el Estatuto en sus preámbulos y objetivos explican que “el mercado laboral” en España adolece de un desempleo estructural perenne y de una precariedad laboral con un número de trabajadores pobres y sin formación que aumenta según los ciclos de crisis. Y todas quieren solucionarlo con “flexibilización”: es decir facilitando los despidos y pagando menos de indemnización, para después contratar por horas, semanas o meses.

En una sociedad en crisis económica que se arrastra desde la última de 2007/2008, agravada por la pandemia y endemia permanente, la economía en manos del capital no puede funcionar jamás a favor de los trabajadores.

El capital no puede invertir, no funciona, sin beneficios y en una competencia mundial feroz por obtener mercados y mercancías más baratas, se desata una guerra contra la clase trabajadora para abaratar la mano de obra. Es la única salida del capital para obtener beneficios y que funcione la economía.

Así, mientras se producen millones de vacunas para los países ricos, éstas no llegan a población mundial pobre, porque no se obtienen beneficios para los accionistas de las multinacionales farmacéuticas. Y estos beneficios solo pueden provenir de la explotación del trabajo.

Por eso en la actual “reformita” laboral no se tocan los despidos, ni la temporalidad o las ETT y sólo se limitan ciertos abusos de los contratos temporales. Sin embargo, sí subvencionarán con dinero de los fondos europeos a la patronal y les exonerarán de pagar salarios, cotizaciones e impuestos. Jamás eliminaremos la precariedad laboral sin impedir los despidos y eliminar la temporalidad.

Sin lucha obrera, no es posible impedir el círculo infernal de la reproducción del sistema económico, en busca de la explotación del trabajo y mayores beneficios empresariales. Este combate tendría que dotarse de un programa de lucha y de reivindicaciones nacidos del debate en asambleas obreras que impidan la valorización del capital a costa de los asalariados.

Y estas reivindicaciones no serían otras que la prohibición de los despidos, el reparto del trabajo entre todos y todas sin bajar los salarios, la investigación de las contabilidades de las empresas, el control obrero de la producción y las subidas salariales indexadas al IPC.