La actualidad española está marcada por la política nacionalista a raíz del “procés” catalán. El nacionalismo, tanto catalanista como españolista, en tanto que ideología burguesa, pretende agrupar a la población entorno a su reivindicación territorial y su soberanía nacional. En este sentido, sin perjuicio de aceptar el derecho a decidir de la población catalana, la clase trabajadora no tiene nada que ganar con esta reivindicación, pues su lucha contra la explotación patronal y de la burguesía es su única realidad.

En Cataluña, con independencia o sin ella, la realidad para las mujeres y hombres trabajadores es la misma: la explotación de la patronal, el paro y la precariedad. En todo el país, en el mundo entero, el problema es el mismo. Los trabajadores y trabajadoras debemos salir de esa trampa nacionalista, que no es más que un veneno que emponzoña las mentes y beneficia a la burguesía, fundamentalmente porque nos divide. En el fondo de todo, no hay más que una realidad: la crisis económica que sufrimos desde hace años, que muestra el fracaso del capitalismo. Más tarde o más temprano no habrá otra alternativa que socialismo o barbarie.

El conflicto nacionalista de Cataluña se ha convertido en una crisis política del Estado. El gobierno de Rajoy ha actuado intimidando con acciones represivas los deseos de amplios sectores de la población de elegir su futuro político a través de elecciones. Al seguir la hoja de ruta del “procés” hacia la independencia, primero con el referéndum, después al proclamar la República catalana, la derecha y el centro izquierda catalanista que dirigen el proceso se han enfrentado directamente con la derecha españolista de Rajoy. El 21-D este enfrentamiento se vio en las urnas.

En el contexto de una profunda crisis económica y social que dura ya 10 años, el conflicto catalán es una expresión deformada del descontento popular ante la situación social. Este descontento que se ha expresado a través del soberanismo, ha sido llevado al terreno del enfrentamiento interclasista por las maniobras e intereses de los nacionalistas tanto catalanistas como españolistas. Los catalanistas en la Generalitat han conseguido tapar sus propios recortes y políticas antiobreras, dirigiendo la indignación hacia su terreno. La consecuencia ha sido la polarización de la sociedad catalana en dos mitades y cierto apoyo generalizado en el resto del país a las medidas del gobierno de Rajoy, apoyado por Sánchez y Rivera. Lo cual ha servido para ocultar la realidad social y tapar la corrupción y la política contra las clases trabajadoras de unos y otros.

Si bien en todo este conflicto existen maniobras politiqueras por el poder en las instituciones, existe una movilización popular en apoyo de la independencia, que responde y se enfrenta a la política antisocial del PP contra la población. Y más aún, cuando ha actuado con medidas represivas e intimidaciones contra las votaciones del 1-O. Sin embargo el nacionalismo catalanista es una trampa que no lleva más que a un callejón sin salida para las clases trabajadoras y populares en Cataluña y en el resto del país. De hecho los que dirigen el “procés” han atacado a los trabajadores aprobando medidas antisociales del gobierno del PP y recortado y privatizado servicios públicos. Los beneficiados de esta situación no son otros que la burguesía y sus partidos políticos, que se enfrentan por el control del aparato de Estado territorial y los beneficios venales de los presupuestos.

Los resultados de las elecciones autonómicas del 21-D han mantenido la polarización nacionalista. Los bloques catalanista, independentista y el españolista “constitucionalista monárquico” mantienen dividida Cataluña en dos mitades. La radiografía de la opinión pública en estas elecciones muestra además un retroceso de las fuerzas de izquierda a favor de las derechas de uno u otro bando. Así pues, la clase trabajadora se ha visto dividida por el nacionalismo dejando sus intereses y necesidades fuera de la confrontación política, lo cual es una trampa que beneficia a la derecha y la burguesía.

Estas elecciones han tenido una gran participación, el 82%, la mayor desde la muerte del dictador. Para el PP, que había cifrado esperanzas en la participación, hablando de la “mayoría silenciosa” para un vuelco a favor del españolismo unionista, el varapalo ha sido enorme, cayendo por los suelos y quedándose con tan sólo 3 diputados. Las elecciones han castigado al partido de Rajoy por el 155, las medidas judiciales represivas que ha llevado a cabo, desde el 1-O.

Ciudadanos que recoge los votos del PP y de parte del electorado popular de las ciudades no independentista es la fuerza más votada. Pero no podrá formar gobierno puesto que el llamado bloque independentista conseguirá la mayoría absoluta a través de los pactos. Con tan alta participación tanto el bloque independentista como el constitucionalista han ganado votos, pero entre ambos lo que hay es una diferencia de 165.000 votos; quedan muy parejos.

Con estos resultados —los 34 escaños de Junts x Cat, 32 de ERC y los 4 de la CUP— Puigdemont, Junqueras y Riera están llamados a entenderse para formar gobierno. Y de igual forma Rajoy desde el gobierno central debe tomar nota del resultado electoral y obrar en consecuencia. Imaginamos que todos ellos intentarán pactar alguna salida a la situación legal a corto plazo, pues parte de este gobierno está en prisión o encausado y Puigdemont sigue en Bruselas. O a más largo plazo, haciendo correr de puesto las listas electorales. La reforma constitucional se pone en el orden del día si se quiere que el conflicto no se enquiste en un bucle sin salida.

Para los comunistas revolucionarios que somos, no podemos dejar de ver que en Cataluña la vencedora es la derecha y han retrocedido las posiciones de izquierda. Porque no hay que olvidar que el partido de Puigdemont ha sido el partido de los recortes en Cataluña, aunque en su demagogia quiera hacernos ver que los recortes eran impuestos por “Madrid”. En el otro bando, está Ciudadanos, al que muchos llaman la marca blanca del PP y que se pretende alternativa a la derecha corrupta de Rajoy.

Cataluña está, de momento, dividida de forma interclasista, y en esta división los problemas de los trabajadores no aparecen. En el resto de España también, la derecha ha despertado y se ha sacudido sus complejos, apareciendo a pecho descubierto cara a la sociedad.

En estos tiempos de crisis capitalista, con gobiernos de derecha o gobiernos pretendidamente más sociales o liberales, se ataca directamente a las clases trabajadoras y populares con el objetivo de mantener los beneficios de la banca y grandes capitalistas, su razón de ser.

En esta situación el nacionalismo, de uno u otro lado, no es más que una trampa que envenena a la población trabajadora en unas ilusiones que solo benefician a la burguesía y su derecha y sirven para tapar la explotación, los recortes sociales, la precariedad y el paro. Estamos convencidos que, tanto en Cataluña como en el resto del país, la población en general y los trabajadores van a retomar el camino de la unión y la solidaridad obrera, único posible para luchar contra el paro, contra los desahucios, para paliar la pobreza y cuántos problemas nos acucian.

En estas elecciones se muestran también claramente la necesidad de construir un partido obrero y comunista que represente y sea la voz de los trabajadores, defendiendo una perspectiva de un futuro socialista. El socialismo o la barbarie es la alternativa.

Para ello lo único que podemos hacer es unirnos todos contra los “Puigdemont”, contra los “Rajoy”, “Arrimadas” y similares, y luchar contra las clases burguesas, en definitiva, contra el Estado capitalista, sea catalán o español.

El conflicto político catalán ha provocado una polarización nacionalista en la sociedad española. En Cataluña, donde el soberanismo e independentismo es apoyado por centenares de miles de personas, ha roto la sociedad en dos mitades interclasistas. Una mitad, que no llega al 50%, está movilizada desde 2012, primero por el llamado derecho a decidir en un referéndum, después de los últimos acontecimientos de octubre y noviembre de 2017, por la independencia, con la voluntad de instaurar una República catalana independiente. En el resto del Estado, contrariamente a lo que esperaban parte de la izquierda revolucionaria, la movilización y estado de opinión se ha organizado mayoritariamente en apoyo del gobierno Rajoy, apoyado por Ciudadanos y PSOE y en contra del “procés” con la unidad de España por bandera. Por primera vez desde la muerte del dictador Francisco Franco se han visto banderas nacionales borbónicas en los balcones de los barrios populares de una forma apreciable. Incluso en Cataluña el conflicto ha permitido a la derecha españolista y personalidades del socialismo y del PSUC organizar movilizaciones masivas por la unidad española, trayendo —eso sí— autobuses de fuera de Cataluña, y crear un estado de opinión activo contra la independencia entre la población no catalanista.

El capitalismo en España, en Cataluña, ha encontrado las patrias para imponer la misma política, la misma explotación en favor de la burguesía. Y su herramienta más útil: enfrentar a los trabajadores y a las clases populares y así desviar la crisis económica y social hacia su terreno.

La perspectiva de las elecciones autonómicas del 21 de diciembre será la comprobación de la opinión de los catalanes y constatará en qué medida la fractura catalana beneficia más a unos que otros. La derecha de Ciudadanos tiene puestas las esperanzas en la movilización de “esa mayoría silenciosa” que no se había manifestado. Si como especulan algunos de los análisis electorales, la participación supera el 80%, Ciudadanos subiría espectacularmente y los partidos no catalanistas de la derecha, más el PSC, podrían tener la mayoría del “parlament” de la Generalitat. De todas formas todo indica que la movilización de las dos mitades hará que el conflicto se mantenga y se aboque hacia una negociación donde los intereses de unos y otros cedan.

Este conflicto ha servido para intentar tapar la gran crisis social en la cual vive la sociedad española y las clases populares. Tanto en Cataluña como en el resto del país la fractura social entre la burguesía y el proletariado, entre la gran patronal y las clases trabajadoras, se ha ido agrandando a favor del capital. Son los hombres y mujeres trabajadoras los que están pagando la crisis capitalista aparecida en 2007, manteniendo y aumentando los beneficios de los grandes empresarios. Es precisamente esta crisis económica y social la que determinó en última instancia el cambio de la derecha catalanista y su pequeña burguesía hacia el independentismo. Esta huida hacia adelante le ha permitido liderar la movilización, mantener el “gobern” de la Generalitat y presentarse como víctima de los herederos del rancio autoritarismo franquista del Estado español y el gobierno de Rajoy. Con Puigdemont en Bélgica, en su exilio de opereta para unos, inteligente estrategia defensiva para otros, y parte de sus ministros en la cárcel o juzgados, el clima se ha enrarecido. La campaña electoral comenzó desde la implementación del artículo 155.

Este conflicto sitúa a los intereses de los distintos partidos independentistas en diferentes niveles según aparezcan las distintas maniobras políticas de los aparatos partidarios. Para la derecha catalanista y corrupta de PDeCAT, la antigua Convergencia de Pujol y Mas, el “procés” ha sido la forma de mantener el gobierno de la autonomía y liderar el poder político, ya que desde la crisis económica estaba perdiendo votos, escaños e implantación, en los sectores de la pequeña burguesía catalanista por su acción continua a favor de los recortes sociales y el “austericidio”. Para ERC, el tradicional partido independentista de centro izquierda, era la oportunidad de liderar y encabezar el catalanismo que se compartía con la antigua Convergencia. Y para la CUP ha sido la ocasión de aparecer como la izquierda “anticapitalista” que empujaba a Puigdemont hacia posiciones que iban a facilitar un cambio social, gracias a la movilización, apoyándose en el electorado más radical y popular.

Para organizar las grandes movilizaciones desde la diada de 2012 se han servido de dos grandes organizaciones de masas: ANC y Omnium Cultural. Son organizaciones una social y soberanista, la segunda cultural. Apoyadas por PDeCat y ERC han tenido una trayectoria desde hace años catalanista, recibiendo apoyo institucional de todo tipo y creando el tejido social y popular necesario para mantener la identidad nacionalista. Estas organizaciones con decenas de miles de afiliados constituyen una buena parte de la estructura social catalanista que permite extender, mantener y defender la cultura y la lengua catalana junto a sus posiciones políticas nacionalistas.

Sus respectivos presidentes, Jordi Sánchez y Jordi Cuixart encarcelados por organizar el 1-O y liderar las manifestaciones, han estado ligados al poder autonómico. El primero como adjunto al Defensor del pueblo y el segundo como presidente de la Femcat, una asociación de empresarios catalanista y muy cercana al poder de la Generalitat.

Pero el “procés” no hubiera tenido más repercusión que las maniobras politiqueras de los partidos si no hubiera habido una real participación de masas movilizándose. Primero por el derecho a un referéndum decisorio, después resistiéndose a la represión de Rajoy que intentó impedir por la fuerza el 1-O y finalmente oponiéndose al artículo 155 que disolvía el “parlament” para convocar elecciones. Esta movilización popular ha sido llevada a través de los Comités de Defensa del Referéndum, y después convertidos en Comités de Defensa de la República.

En cada barrio, en cada ciudad y pueblo estos comités organizaron el referéndum, ocultaron papeletas y urnas, se resistieron a la policía y participaron en las grandes manifestaciones. En la última huelga general –que fue limitada— del pasado miércoles 8-N cortaron carreteras y vías férreas y participaron activamente apoyándola.

Estos comités han sido realmente los que han encauzado la indignación popular y organizado al sector más radical y activista de los barrios y ciudades. Sin embargo no han ido más allá de la mera reivindicación democrática e independentista con una ausencia total de perspectiva de clase. De todas formas la huelga estuvo limitada a ciertos sectores productivos. Pararon los transportes, eso sí.

¿Y el mundo del trabajo? La clase trabajadora ha permanecido al margen, en su mayoría, como clase; aunque individualmente hayan asistido a las movilizaciones.

Pero sus intereses, sus necesidades, sus reivindicaciones propias no han aparecido. Es más, han sido ocultadas por toda la crisis política y provocaciones del gobierno central.

Por poner un ejemplo: entre el 22 y 24 de noviembre 4 personas fueron juzgadas por su participación en la huelga general del 29-M de 2012 a instigación de la empresa Starbucks y la Generalitat, pidiendo el fiscal seis años de cárcel. Sin embargo, sólo aparecen en los medios de comunicación “los presos políticos catalanistas”.

El llamado “procés”, proceso en castellano, es el camino que las fuerzas nacionalistas catalanas trazaron para llegar a la supuesta ruptura con el Estado español y llegar a la independencia. Este proceso comenzaba por la reivindicación de un referéndum para decidir la independencia. Era ejercitar el derecho de autodeterminación. En este proceso los partidos catalanistas, tanto de la derecha como del centro, han utilizado el nacionalismo para sortear sus crisis internas, desviar la indignación por la crisis social e imponer medidas antiobreras del mismo rasero que Rajoy. Es más, la derecha catalanista utilizó y utiliza su nacionalismo para mantenerse en el poder político de una forma oportunista, para combatir cualquier posibilidad de que la clase trabajadora pudiera encabezar ella misma una política contra la crisis.

Podemos decir claramente que tanto el Estatuto de 2006, que fue rechazado por el Tribunal Constitucional, como el camino hacia la independencia, han sido utilizado por los partidos de la burguesía catalanista y españolista para sus cálculos electoralistas y mantenerse en el poder, haciendo pagar la crisis a la población trabajadora y clases populares.

El primer jalón del “procés” fue la anulación del Estatuto aprobado en 2006 el 18 de junio que tuvo una participación del 48% en el referéndum; más de la mitad de la población en edad de votar se abstuvo. El PP pidió el no y realizó un recurso al Tribunal Constitucional. En 2010 el alto tribunal declaró fuera de la ley 14 artículos. Anulaba el carácter nacional de Cataluña, el sentido de “nación” como sujeto jurídico. Se anularon los derechos históricos de Cataluña, algo que sí reconocen los estatutos de Euskadi y Navarra. La relación bilateral entre la Generalitat y el Estado central se anulaba dejando por encima el Estado central. En cuanto a la lengua catalana se anulaba que en la enseñanza fuera la única lengua vehicular y preferente en la administración. Y se anulaba también el artículo del Estatuto que hacía prevalecer la fiscalidad de la Generalitat respecto a la del Estado.

El sábado 10 de julio de 2010 una gran manifestación en Barcelona abría la controversia con el Estado central y la desafección de una parte importante de los catalanes se hizo realidad. Bajo el lema “Som una nació. Nosaltres decidim” (somos una nación, nosotros decidimos) la manifestación fue incluso mayor que la de 1977, reivindicando el primer Estatuto. La Generalitat fue la convocante y la organizadora la asociación cultural catalanista Omnium Cultural.

Convergencia i Unio, el gran partido de la derecha catalanista, no desaprovechó el clima creado y comenzó a bascular hacia el soberanismo independentista. Esta manifestación oficial de las instituciones catalanas en la Diada, se realizaba bajo un fondo de crisis social y económica del capitalismo que estalló en 2007 y 2008. La derecha catalanista había perdido el gobierno de la Generalitat en 2006. Cuatro años después lo recuperó aumentando en un 8% sus votos. En noviembre de ese año, 4 meses después de la gran manifestación contra la anulación del Estatuto, Artur Mas se convertía en presidente.

El juego nacionalista de oposición le había dado resultado. ¿Y quién había apoyado a Artur Mas en la Generalitat con sus votos? El PP de Cataluña. Le dio los votos necesarios para aprobar los presupuestos. ¿Increíble? No tanto. Hay que entender que en la política de las clases dominantes, sus juegos, controversias y alianzas políticas que se realizan a través de sus partidos, el nacionalismo juega sus bazas para obtener prebendas fiscales o de otro tipo. Esta política es la forma de crear la falsa conciencia en la sociedad que impide ver quiénes son los enemigos y los falsos amigos de la clase obrera. Los nacionalistas vascos del PNV y catalanes de CiU han apoyado a Aznar y el PP o bien al PSOE siempre para sacar tajada fiscal en sus dominios.

Y como “entre pillos anda el juego”, cual conflicto entre mafiosos, Rajoy se negó a pactar con Mas el pacto fiscal para Cataluña en 2012. El “campeón” de los recortes en Cataluña, Artur Mas, no podía conseguir más dinero del Estado central. Los ladrones se peleaban. El pactismo inaugurado por Tarradellas y Pujol se había roto en plena crisis económica. El PP corrupto hasta la médula con una red mafiosa para gestionar los intereses del gran capital no podía permitir que el mafioso de CiU en Cataluña recibiera más dinero de los presupuestos del Estado. Presupuestos que se nutren en su mayor medida de impuestos indirectos como el IVA e impuestos a las rentas salariales, es decir del robo a la población trabajadora del Estado.

Los partidos nacionalistas agitaron sobre el “robo” fiscal de Madrid, el famoso “Madrid nos roba”, desviando el verdadero robo al mundo del trabajo por la burguesía hacia la fiscalidad territorial gestionada por los barones autonómicos de turno. Y la Diada de 2012 pasó a ser la Diada de la reivindicación nacionalista por excelencia: “Catalunya nou Estat d’Europa”, Cataluña nuevo Estado de Europa. Cientos de miles de personas apoyaron en el día nacional catalán el comienzo de la independencia con su nueva bandera, la estelada.

En este estado de cosas la crisis se acentuaba y golpeaba a las clases populares. La política de recortes, de privatizaciones, las reformas laborales, no sólo fueron apoyadas por CiU, sino que fueron más brutales que en otras autonomías. La política de Mas estaba orientada a la privatización masiva de la Sanidad y de la Educación. A su vez, al igual que el PP, el gobierno de Mas estaba de corrupción hasta arriba. Y era algo conocido, el mismo Pascual Maragall lo denunció sin hacer nada, el 3% de impuesto “contrarrevolucionario” que pagaban los capitalistas en Cataluña para mantener el partido. Esta corrupción, con Millet en el caso Palau, pero también el caso de los hospitales de Lloret y Gerona. En este último caso acabaron en los tribunales e, ironías de la vida, ¡resultaron acusados los periodistas que lo denunciaron y no los corruptos! Estas situaciones provocaron un clima de lucha que se expresó en las movilizaciones del 15M. Y tampoco le dolieron prendas al señor Mas y su partido a la hora de reprimir con los mossos cuantas manifestaciones se realizaron.

La huelga general de 2012 había sido general y masiva en contra de esas políticas antiobreras. En noviembre de 2012, Mas había convocado elecciones anticipadas con más de dos años de antelación. La manifestación de la Diada había visto pasearse al conceller de Interior de la Generalitat, muy independentista él, junto a las personas que había reprimido violentamente el año anterior.

El oportunismo de este nacionalismo catalán había creado el clima necesario de “unión nacional catalana” para salvar de la quema su política, desviar las energías hacia el “procés” para seguir en la cresta de la ola y poder manejar la política de la Generalitat. Quería aprovechar el tirón nacionalista de la Diada, así como frenar el deterioro de su partido que iba de descrédito en descrédito. CiU perdió 12 diputados y buscó en ERC, que había aumentado considerablemente sus votos, el apoyo necesario, y ya sin ambages, el pacto hacia la independencia con Oriol Junqueras. La jugada era de supervivencia.

La independencia tapaba la crisis social y las medidas contra las clases populares. El futuro radiante de un Estado catalán supliría las miserias cotidianas de la crisis. Precisamente la misma estrategia pero al contrario —la unidad de la patria— que desarrolla ahora el PP contra los catalanistas.

Oficialmente el “procés” se ponía en marcha con la consulta del 9-N de 2014. Fue una gran movilización patriótica catalanista y de rechazo al gobierno del PP. Millones de personas, incluidos inmigrantes y jóvenes de 16 años, fueron a votar. De los 2,3 millones de personas que votaron más del 80% votaron sí. La derecha catalanista había conseguido movilizar a millones de personas alrededor del independentismo y ponerse a la cabeza. Había conseguido focalizar en Rajoy y el Estado central toda la indignación popular provocada por la crisis capitalista, por las políticas de Rajoy —y Mas— y ocultarse detrás de ese enemigo.

Otra vez se anticiparon elecciones el 27 de septiembre de 2015. Ahora CiU se había convertido, refundado, en PDeCAT, y una coalición electoral con ERC que había tomado el nombre de Junts pel Sí (JxSí) centraba la campaña en la independencia. La matraca nacionalista no cesaba y los medios catalanes no hablaban de otra cosa. A esta coalición, ya claramente independentista, se le sumó otra, “referente” de la izquierda radical y anticapitalista, la CUP, que tendría el honor de ser el furgón de cola que aportaba los activistas necesarios, y más radicales, de esta unión nacional por la independencia. JxSí obtuvo 62 escaños, Mas y los suyos salieron beneficiados, ERC se posicionaba como referente principal catalanista y con la CUP –10 escaños— tenían la mayoría absoluta. No obstante no llegaban al 51% de los votos. Pero ya tenían vía libre para proseguir su camino a la República catalana. No sin antes cambiar de presidente. Mas estaba tan corrupto y quemado, que la CUP exigió el cambio de persona para el apoyo hacia la independencia. No sin antes votar en asamblea la decisión en unas votaciones partidarias.

Hasta ahora conocíamos las famosas votaciones a la búlgara de los partidos estalinistas, pero ahora tenemos votaciones a la CUP, un empate exacto sobre la investidura de Mas, —1515 votos a favor, otros tantos en contra— que daría finalmente el apoyo necesario a Carles Puigdemont que lo sustituyó. El nuevo “president” declaró que en 18 meses se declararía la independencia. A cambio de aprobar los presupuestos de 2017, Puigdemont se comprometió con la CUP a convocar el referéndum definitivo.

El 1-O se produjo esta movilización en el referéndum, con la represión del gobierno de Rajoy que ya conocemos. Esta ola represiva dio más fuerza a la movilización popular que organizó, contra viento y marea, las papeletas, las urnas, con los CDR en los barrios y pueblos y una ola masiva de participación de los sectores independentistas que se saldó con más de 800 heridos, y la extrema derecha saliendo de la caverna en todo el país exigiendo “Puigdemont a prisión”. La entrada en la cárcel de los representantes de la ANC y de Omnium, llamados popularmente los Jordis, más parte de los consellers, y el acuerdo entre las cúpulas de JxSí para la salida del “president” a Bélgica e internacionalizar el conflicto, son la continuación del “procés”. Los actos represivos del gobierno, la imposición del artículo 155 de la Constitución cesando al gobierno y el parlamento catalán y la convocatoria de elecciones para el 21 de diciembre, son los hechos más destacados de los últimos acontecimientos.

Con el “procés” Rajoy se ha ganado el apoyo de los sectores de la derecha en el país. Pero desgraciadamente también sectores populares lo apoyan. Es una evidencia que este partido, lleno de corrupción, al servicio de los grandes capitales, ha conseguido el apoyo de la población española que no quiere la partición del país. Con el PSOE y Ciudadanos nos preparan la legitimidad necesaria para imponer también las medidas económicas y sociales contra las clases populares. Además, en las próximas elecciones en Cataluña se prevé que habrá una gran movilización contra el independentismo, que ya están saliendo a la calle. Éste es el resultado final de los nacionalismos.

Supeditar los conflictos de clase y sociales a los conflictos territoriales, solo va a beneficiar a los “politicuchos”, élites políticas que les llaman, que seguirán chupando de las arcas públicas para beneficios de sus capitalistas. Porque en definitiva el problema de fondo para ellos es cómo gestionar el Estado para beneficio del capital e impedir la respuesta del mundo del trabajo, de las clases populares, a los problemas reales de la sociedad.

La República catalana que quieren Piugdemont y Junqueras es un Estado capitalista dentro de la Unión Europea con todas las de la ley, como repite Junqueras: la riqueza de Cataluña, su PIB, Barcelona el puerto más importante del occidente mediterráneo, etc. mantendría un Estado independiente rico, la Holanda del sur. Pero ese nuevo Estado es sumamente improbable pues la propia burguesía catalana tiene ya uno mejor, el español, que es un mercado mayor, que le da mucha más estabilidad, garantías y campo de acción.

No existe una burguesía periférica en contradicción con la de España pues la unificación del país con los Borbones se hizo a través de una división del trabajo y alianza entre la aristocracia y las burguesías en Cataluña y País Vasco, en la cual las regiones pobres y latifundistas proporcionaban la mano de obra barata a la industria vasca y catalana y después a Madrid, ya en los años 60 del pasado siglo.

Es más, toda la economía capitalista en Cataluña está integrada en España y en Europa. Las maniobras políticas de Artur Mas, primero, y después de Carles Puigdemont, junto a Oriol Junqueras, son su lucha por mantener su aparato de Estado, la Generalitat, su red clientelar de influencias con los capitalistas, sus negocios y estructura administrativa que le proporcionaba el poder político autonómico. Esta lucha contra el gobierno de Rajoy es una lucha por mantener ese poder, ante la crisis social y económica. La movilización popular los empujaban a esa salida que han utilizado para sus fines. Llegado al final del “procés” ellos creían que iban a obligar a una negociación con el gobierno central como han hecho hasta ahora. Sin embargo el resultado ha sido todo lo contrario.

Desde 2007, que estalló la crisis económica más grande del capitalismo desde 1929, la situación social y las condiciones de vida de las clases populares se han ido deteriorando hasta hacerse crónicas.

La sociedad capitalista funciona en la medida que obtiene beneficios a costa del trabajo colectivo de la clase trabajadora. Estas ganancias se las apropia la minoría de la población, la burguesía, que posee los medios de producción. Sistemáticamente la sociedad capitalista entra en crisis y se acentúa la lucha de clases. Este conflicto tiene un campo de batalla social que es el marco territorial de los Estados y en el capitalismo imperialista se traspasa a todo el planeta. Toda la economía mundial está interconectada debido al desarrollo de las empresas capitalistas y su interconexión entre los distintos sectores. Sin embargo el primer nivel del conflicto social de la lucha de clases es el territorio de un Estado, en nuestro caso el Estado español.

El gobierno de Rajoy no cesa de explicar que hemos salido de la crisis, que se crea empleo y que la economía mejora. Sin embargo los datos lo desmienten. El crecimiento económico, el beneficio de las grandes corporaciones y de los capitalistas, se hace a costa de la pobreza, los salarios, la precariedad laboral de las clases trabajadoras, y de los sistemas públicos del que se benefician todas las clases populares que año tras año han acentuado el deterioro de la sanidad, de la educación, de los servicios públicos con los recortes de presupuestos, de empleo público y de privatizaciones.

Los precios subieron un 2,1% de media hasta octubre de este año. Los salarios pactados en convenio suben un 1,4% hasta el mismo mes, perdiendo poder adquisitivo, mayor en el caso de las pensiones, cuya revalorización fue del 0,25%. Por el contrario tenemos el crecimiento de los dividendos empresariales (rentas distribuidas de las sociedades no financieras) que en el primer semestre de 2017 se incrementan un 10,1% y se sitúan en 33.729 millones. En 2017 habrá casi 1.900.000 puestos de trabajo menos (equivalente a tiempo completo) que en 2007, la tasa de desempleo continúa siendo de las más altas de la eurozona. Sólo Grecia tiene más parados, con 3.730.000.
Desde 2007, que estalló la crisis económica más grande del capitalismo desde 1929, la situación social y las condiciones de vida de las clases populares se han ido deteriorando hasta hacerse crónicas.

La sociedad capitalista funciona en la medida que obtiene beneficios a costa del trabajo colectivo de la clase trabajadora. Estas ganancias se las apropia la minoría de la población, la burguesía, que posee los medios de producción. Sistemáticamente la sociedad capitalista entra en crisis y se acentúa la lucha de clases. Este conflicto tiene un campo de batalla social que es el marco territorial de los Estados y en el capitalismo imperialista se traspasa a todo el planeta. Toda la economía mundial está interconectada debido al desarrollo de las empresas capitalistas y su interconexión entre los distintos sectores. Sin embargo el primer nivel del conflicto social de la lucha de clases es el territorio de un Estado, en nuestro caso el Estado español.

El gobierno de Rajoy no cesa de explicar que hemos salido de la crisis, que se crea empleo y que la economía mejora. Sin embargo los datos lo desmienten. El crecimiento económico, el beneficio de las grandes corporaciones y de los capitalistas, se hace a costa de la pobreza, los salarios, la precariedad laboral de las clases trabajadoras, y de los sistemas públicos del que se benefician todas las clases populares que año tras año han acentuado el deterioro de la sanidad, de la educación, de los servicios públicos con los recortes de presupuestos, de empleo público y de privatizaciones.

Los precios subieron un 2,1% de media hasta octubre de este año. Los salarios pactados en convenio suben un 1,4% hasta el mismo mes, perdiendo poder adquisitivo, mayor en el caso de las pensiones, cuya revalorización fue del 0,25%. Por el contrario tenemos el crecimiento de los dividendos empresariales (rentas distribuidas de las sociedades no financieras) que en el primer semestre de 2017 se incrementan un 10,1% y se sitúan en 33.729 millones. En 2017 habrá casi 1.900.000 puestos de trabajo menos (equivalente a tiempo completo) que en 2007, la tasa de desempleo continúa siendo de las más altas de la eurozona. Sólo Grecia tiene más parados, con 3.730.000.

El mayor problema que existe hoy, tanto en Cataluña como el resto del país, es la enorme crisis social que sufren las clases populares. Apenas tiene visibilidad en los medios de comunicación. Mientras tanto a la minoría de burgueses que obtienen sus rentas de la propiedad y de la gestión del capital les ha ido muy bien tanto en Cataluña como en España. Según los datos aportados por el profesor Viçenc Navarro, entre 2008 y 2016 las rentas del trabajo bajaron del 50% al 46%, mientras que las rentas del capital subieron durante el mismo periodo del 42% al 45%. Como consecuencia de ello, las desigualdades de renta en Cataluña se dispararon de manera que la población con más ingresos, los ricos y clases medias profesionales de renta alta, tenían 6 veces más riqueza en 2016 que el 20% más pobre.

En realidad, las 20 mayores fortunas en Cataluña tienen en total una riqueza de 22.400 millones de euros, cantidad casi equivalente al 11% del PIB catalán, siendo éste el 20% del español. En España la décima parte con menor renta laboral está un 24% por debajo de la que tenían antes del inicio de la crisis y la población en riesgo de pobreza se sitúa en el 22,3%. En Cataluña el porcentaje de personas en riesgo de pobreza o exclusión social en el periodo 2008-2015 pasó de un 15% de la población total a un 20%. En cuanto a los salarios, podemos decir que se han depreciado en todo el país, mientras que los beneficios empresariales han subido en este último año según un informe de CCOO un 10%. ¿Dónde ha ido todo ese dinero extraído al mundo del trabajo? Un economista en el periódico “20 Minutos” respondía: “Sencillamente, como ya mostró en un momento Daniel Fuentes, en 2015, a amortizar la deuda de un sector privado sometido a fuertes restricciones crediticias durante los años duros del ajuste. Así que sí, los asalariados —y particularmente los más desprotegidos— han sido los ‘paganinis’ de la crisis, sin que parezca que haya el más mínimo interés en corregir esta situación, unas tasas de paro que están todavía muy lejos de las vividas antes de la crisis y una creación de empleo de muy baja calidad que mantiene en la pobreza a más del 13% de la población que trabaja, cifra que se incrementa hasta el 18% para menores de 25 años.”

Ante esta situación social, el colmo del cinismo ha sido la actuación de los partidos nacionalistas catalanes, que en Cataluña dirigen el movimiento independentista PDeCAT y ERC. Ellos fueron responsables en los gobiernos de la Generalitat de recortes sociales brutales, los mayores de toda España y de la Unión Europea. En 2012 Mas y Junqueras, CiU (PDeCAT) y ERC respectivamente, pactaron el gobierno en base a una consulta de autodeterminación para 2014. El corrupto Artur Mas espetó: “Llegó el momento”. Estaban preparando la salida hacia la independencia como vía de escape a la crisis social en la que estaba sumida Cataluña y para tapar las medidas contra las clases populares y los servicios públicos que estaban desarrollando. Ahora lo justifican con el “austericidio” de Rajoy, del gobierno central, o como les gusta decir de España o el Estado español. El engaño estaba servido: la independencia, venían a decir, nos librará de un gobierno, el de Rajoy, y de la monarquía, que nos impiden hacer leyes sociales.

Sin embargo, no les impidió durante estos años, con la justificación del “procés”, recortar los presupuestos sociales. Durante el periodo 2010-2015, en Cataluña el gasto público social de la Generalitat se redujo en 3.456 millones de euros, lo que significó una reducción de un 17%, pasando de gastarse 19.881 millones en 2010 a 16.424 en 2015. El gasto público educativo se redujo un 17%, pasando de 6.310 millones a 5.234 millones en 2015. El gasto sanitario público de la Generalitat se redujo un 14%, pasando de 9.903 a 8.464 millones de euros. Hubo una privatización masiva de la gestión de los servicios públicos. El gasto público en vivienda y otras actuaciones urbanas de la Generalitat se redujo un 60% pasando de ser 723 millones a 289 millones. El gasto de protección social del gobierno de la Generalitat se redujo un 14%, pasando de 2.110 millones a 1.823 millones. Los presupuestos de la Generalitat de Cataluña muestran un descenso en la financiación de los servicios públicos del 17%. Tales recortes han sido los más duros de todo el Estado de las autonomías y en la UE. Para “recuperar la economía”, decía el presidente Mas: “la austeridad nos hará fuertes”.
El mayor problema que existe hoy, tanto en Cataluña como el resto del país, es la enorme crisis social que sufren las clases populares. Apenas tiene visibilidad en los medios de comunicación. Mientras tanto a la minoría de burgueses que obtienen sus rentas de la propiedad y de la gestión del capital les ha ido muy bien tanto en Cataluña como en España. Según los datos aportados por el profesor Viçenc Navarro, entre 2008 y 2016 las rentas del trabajo bajaron del 50% al 46%, mientras que las rentas del capital subieron durante el mismo periodo del 42% al 45%. Como consecuencia de ello, las desigualdades de renta en Cataluña se dispararon de manera que la población con más ingresos, los ricos y clases medias profesionales de renta alta, tenían 6 veces más riqueza en 2016 que el 20% más pobre.

En realidad, las 20 mayores fortunas en Cataluña tienen en total una riqueza de 22.400 millones de euros, cantidad casi equivalente al 11% del PIB catalán, siendo éste el 20% del español. En España la décima parte con menor renta laboral está un 24% por debajo de la que tenían antes del inicio de la crisis y la población en riesgo de pobreza se sitúa en el 22,3%. En Cataluña el porcentaje de personas en riesgo de pobreza o exclusión social en el periodo 2008-2015 pasó de un 15% de la población total a un 20%. En cuanto a los salarios, podemos decir que se han depreciado en todo el país, mientras que los beneficios empresariales han subido en este último año según un informe de CCOO un 10%. ¿Dónde ha ido todo ese dinero extraído al mundo del trabajo? Un economista en el periódico “20 Minutos” respondía: “Sencillamente, como ya mostró en un momento Daniel Fuentes, en 2015, a amortizar la deuda de un sector privado sometido a fuertes restricciones crediticias durante los años duros del ajuste. Así que sí, los asalariados —y particularmente los más desprotegidos— han sido los ‘paganinis’ de la crisis, sin que parezca que haya el más mínimo interés en corregir esta situación, unas tasas de paro que están todavía muy lejos de las vividas antes de la crisis y una creación de empleo de muy baja calidad que mantiene en la pobreza a más del 13% de la población que trabaja, cifra que se incrementa hasta el 18% para menores de 25 años.”

Ante esta situación social, el colmo del cinismo ha sido la actuación de los partidos nacionalistas catalanes, que en Cataluña dirigen el movimiento independentista PDeCAT y ERC. Ellos fueron responsables en los gobiernos de la Generalitat de recortes sociales brutales, los mayores de toda España y de la Unión Europea. En 2012 Mas y Junqueras, CiU (PDeCAT) y ERC respectivamente, pactaron el gobierno en base a una consulta de autodeterminación para 2014. El corrupto Artur Mas espetó: “Llegó el momento”. Estaban preparando la salida hacia la independencia como vía de escape a la crisis social en la que estaba sumida Cataluña y para tapar las medidas contra las clases populares y los servicios públicos que estaban desarrollando. Ahora lo justifican con el “austericidio” de Rajoy, del gobierno central, o como les gusta decir de España o el Estado español. El engaño estaba servido: la independencia, venían a decir, nos librará de un gobierno, el de Rajoy, y de la monarquía, que nos impiden hacer leyes sociales.

Sin embargo, no les impidió durante estos años, con la justificación del “procés”, recortar los presupuestos sociales. Durante el periodo 2010-2015, en Cataluña el gasto público social de la Generalitat se redujo en 3.456 millones de euros, lo que significó una reducción de un 17%, pasando de gastarse 19.881 millones en 2010 a 16.424 en 2015. El gasto público educativo se redujo un 17%, pasando de 6.310 millones a 5.234 millones en 2015. El gasto sanitario público de la Generalitat se redujo un 14%, pasando de 9.903 a 8.464 millones de euros. Hubo una privatización masiva de la gestión de los servicios públicos. El gasto público en vivienda y otras actuaciones urbanas de la Generalitat se redujo un 60% pasando de ser 723 millones a 289 millones. El gasto de protección social del gobierno de la Generalitat se redujo un 14%, pasando de 2.110 millones a 1.823 millones. Los presupuestos de la Generalitat de Cataluña muestran un descenso en la financiación de los servicios públicos del 17%. Tales recortes han sido los más duros de todo el Estado de las autonomías y en la UE. Para “recuperar la economía”, decía el presidente Mas: “la austeridad nos hará fuertes”.

La transición a la monarquía parlamentaria tras la muerte del dictador supuso la conformación de un régimen político al uso en Europa. La fase final de la dictadura estuvo preñadas de luchas obreras, con la formación de organizaciones de trabajadores de nuevo tipo, que después se convirtieron en sindicatos —CCOO— y la aparición con fuerza de una vanguardia militante y joven que impulsaba las luchas contra la dictadura y el capital. El PCE fue el grupo más importante en estas luchas y en el movimiento obrero. Pero también hubo la aparición de sectores de estudiantes y obreros que en nuevos partidos revolucionarios y sindicatos combativos contribuyeron al auge de estas luchas. Estas luchas fueron reprimidas brutalmente por la Policía Armada, los “grises” de la época, la policía secreta, la temida “social”, y la extrema derecha. Cientos de muertos y torturados todavía no son reconocidos por los gobiernos posteriores a la dictadura y ningún policía ha sido encausado. Si acaso, como en el caso del asesinato de Yolanda González, algunos militantes de la extrema derecha pasaron por la cárcel poco tiempo.

Las imágenes de la represión del referéndum el 1-O, la salida de la policía hacia Barcelona con gritos “a por ellos” y con las banderas nacionales, han recordado aquellos momentos de la Transición. Han sido muchos los comentarios que han interpretado los hechos por la existencia de un régimen político, nacido tras la muerte del dictador, llamado “el régimen del 78”, fundamentado en el franquismo más autoritario. Otros desde la izquierda hablan de un neofranquismo del PP y Rajoy, de la traición de los socialistas al apoyarlo. Entra dentro de una aparente lógica vivida pensar de esta forma. Esta situación, así como los encarcelamientos posteriores de los catalanistas, han motivado que la crítica al Estado y al gobierno Rajoy esté adjetivada por el término franquista.

Existe el razonamiento, entre medios de izquierda, sobre el Estado español, definiendo el régimen del 78 como esencialmente, o con elementos franquistas. Y la represión que vemos o hemos visto en estos años de gobierno del PP es la prueba fehaciente de esto. Desde los titiriteros madrileños encausados y apresados por una obra de marionetas, los más de 800 sindicalistas acusados con penas de cárcel en distintas huelgas, los miles de representantes sindicales despedidos por la patronal, las torturas y golpes de los mossos como de la policía en manifestaciones y detenciones… hasta los detenidos por organizar el 1-O, o declarar la República catalana, son ejemplos de la herencia de un autoritarismo franquista que el Estado, “el régimen del 78”, lleva en sí mismo.

Sin embargo aún siendo comprensible esta visión, debido a nuestra historia política reciente, no es totalmente real. El Estado y sus instituciones, bajo la forma o régimen político que sea, no es más que el aparato de dominación y represión de la clase dominante. Este aserto del marxismo no debemos olvidarlo, pues el hecho que define el Estado en una sociedad no es la “forma”, es su contenido y qué clase detenta el poder. Pues nos podemos engañar con una visión “republicana” del Estado que no sea más que la envoltura de la burguesía. Aunque siempre la clase trabajadora necesitará la máxima libertad y derechos para poder defenderse. Tradicionalmente en el movimiento obrero sería la república democrática.

El Estado moderno, como llaman los historiadores, que nace con el desarrollo capitalista, no es más que la maquinaria que teniendo el monopolio de la violencia ejerce su poder para mantener, proteger y alimentar al sistema capitalista de producción y sus mecanismos de reproducción y relación social e ideológica.

Supone, en efecto, disuadir por las buenas o por las malas —mejor si se hace con consenso— a aquellos que se rebelan contra el orden establecido. Otra función del Estado es regular y gestionar los beneficios del capital. El capitalismo sobrevive no sólo debido a la violencia de sus cuerpos represivos, sino también a las instituciones que permiten que el capital se mantenga con un mercado público, subvenciones, inversiones empresariales, préstamos, sistema de crédito bancario etc. y junto a ello todo un entramado, una red ideológica, que reproduce la falsa conciencia de vivir en el mejor de los mundos posibles.

El Estado capitalista siempre va a recurrir a la violencia para mantener su dominio cuando esté amenazado. Los límites de los derechos humanos no los marca la ley, los marcan los intereses que hay que defender cuando se ven amenazados y la correlación de fuerzas en la lucha de clases. Como dice el refrán “en todas partes cuecen habas” y más si las partes son capitalistas. Recordemos la utilización del yihadismo, de Bin Laden, por el Estado norteamericano para combatir en Afganistán a los soviéticos. O los golpes de Estado organizados por la CIA en América Latina. En la propia república norteamericana las actividades del FBI no dudaron en utilizar la violencia, los actos terroristas más salvajes contra los movimientos por los derechos civiles, o el movimiento obrero, siempre en aquellos momentos que estaban o se sentían amenazados.

En Europa, la Europa de los derechos humanos y de la UE, después de la hecatombe de la II Guerra Mundial, los países capitalistas no han dudado en mantener los funcionarios y el aparato represor de las dictaduras anteriores. En la República Federal Alemana, a pesar de que cara al exterior se produjo una “desnazificación” del país, construyeron y mantuvieron su aparato judicial y policial con los antiguos nazis. Cerca del 80% de los cuadros del Ministerio de Justicia de la República Federal de Alemania habían trabajado en el mismo puesto con el III Reich, un número mucho más elevado de lo que siempre se había reconocido oficialmente. Los datos los publicó hace unos años el diario “Süddeutsche Zeitung”, que mostraba la continuidad del III Reich en la nueva Alemania. En la Policía Federal Criminal (BKA), fundada en 1951, tuvieron un papel destacado ex jefes de la Gestapo nazi y oficiales de las SS. La muerte de dirigentes encarcelados de la RAF, “suicidados”, mostró al mundo qué “democrática” fue la RFA.

Pero si nos fijamos en la República francesa, tierra de asilo y paradigma de la democracia y de los derechos civiles, vemos la misma actuación del Estado. El 17 de octubre de 1961, una manifestación pacífica convocada por el FLN contra el toque de queda, impuesto para todos los argelinos que vivían en la región parisina por el prefecto de policía Maurice Papon, desembocó en una represión brutal que causó entre 70 y 200 muertos. Precisamente Papon fue el responsable de la muerte de 8 personas, la llamada “masacre de Charonne” (una estación de metro parisina), tras una manifestación del Partido Comunista y la CGT contra la guerra de Argelia. Maurice Papon fue colaboracionista de los nazis y ministro con Valery Giscard d’Estaing, fue condenado en 1998 a 10 años de prisión por firmar las órdenes que llevaron a la deportación de 1.645 judíos de Burdeos entre 1942 y 1944.

No podemos tampoco dejar en el tintero a François Mitterrand, presidente socialista que como funcionario del gobierno de Vichy participó en muchos episodios históricos del gobierno de Petain. Era amigo de René Bousquet, alto funcionario que fue responsable del exterminio judío con las deportaciones y que “sirvió” al Estado hasta la jubilación. Bousquet fue procesado a los 82 años, en 1992, por crímenes contra la humanidad y fue asesinado en extrañas circunstancias.

El Reino Unido no se queda a la cola de la represión. Recordemos el conflicto irlandés, la muerte de Bobi Sand en huelga de hambre. Este conflicto y la represión del Estado fue tema del filme de Ken Loach “Agenda oculta”. Y la represión de la huelga minera de 1984 y 1985 fue salvaje: 20.000 mineros heridos, 13.000 detenidos y dos muertos en los piquetes. En Italia tenemos el ejemplo de Gladio, la red secreta policial contra la izquierda y causante de atentados de la extrema derecha. Julio Andreoti, primer ministro durante años de esta República, nacida de un referéndum contra la monarquía fascista de Mussolini, estaba ligado a la mafia, sus asesinatos y negocios.

Puede que esa maquinaria nacida para defender al capital adopte la forma parlamentaria, bajo una república, o monarquía constitucional, o bajo una dictadura asesina como la franquista. Pero la esencia es la misma. La defensa bajo la violencia, más o menos consensuada, del sistema capitalista y de la burguesía. Es un arma de la burguesía. De la misma manera que un cuchillo está hecho para cortar, el Estado es en esencia “una banda de hombres armados”, como decía Engels. Podremos frenar esa violencia dependiendo de la correlación de fuerzas entre la clase trabajadora y la burguesía. Es posible reformar las instituciones formales, la forma pero no el fondo. Oponernos a cualquier forma de represión de Rajoy contra los derechos elementales no debe ocultar la naturaleza del Estado capitalista, ni debemos tener ilusiones de que, reformando el régimen del 78, bajo otra forma de gobierno se podrán solucionar los problemas y la crisis social provocada por el capitalismo.

Concluyendo, entendemos por “régimen político” al conjunto de instituciones y leyes por el cual se constituye una comunidad política en un territorio. Es en esencia las normas por las que se rige la sociedad a través del Estado, su aparato jurídico-represor y ejecutivo. Depende de la clase social que detente el poder político y económico para que ese régimen o forma de Estado sea social, igualitario o de clases, en nuestra época, capitalista.

Una república democrática, aun adjetivada de social, lo sería realmente si los trabajadores detentaran los medios de producción y el poder político bajo sus instituciones propias. Podría ser un paso adelante la República democrática siempre que permita el desarrollo del movimiento obrero y que una fuerza obrera en movimiento permita organizarse de forma independiente y con un programa reivindicativo de clase que empuje hacia delante medidas socialistas. Solo la destrucción del Estado capitalista y la edificación de un Estado obrero podrá solucionar los problemas económicos y políticos de las clases trabajadoras y populares en un marco internacional.

En todo caso, es la correlación de fuerzas entre la clase trabajadora y la burguesía la que determinará el progreso político en las formas de Estado. Y en la medida que los trabajadores controlen los medios de producción y toda la sociedad, la República de los trabajadores será social o no será.

El peso de los nacionalismos históricos, la actividad de ETA, y el arraigo en amplias capas de la población catalana de la identidad cultural y nacional propia, que además había sido potenciada por el PSUC en Cataluña, llevó a que entre los pactos constitucionales se llegara al acuerdo sobre la organización territorial del Estado. Este acuerdo eliminó del programa del PSOE el derecho de autodeterminación de los pueblos, y al federalismo, es decir que el sujeto de la soberanía partiera de las distintas regiones, o naciones. Al final se llegó al acuerdo de conceder a través del artículo 151 de la constitución la “vía rápida” para el autogobierno a través de un referéndum por mayoría absoluta de los electores, no de los votantes. Sin embargo las nacionalidades llamadas históricas, se les eximió de realizarlo. Estas nacionalidades históricas fueron Cataluña, Galicia y País Vasco.

En realidad las autonomías suponían una descentralización del poder político en una amplia gama de competencias que permitían gestionar y adaptar a cada región con entidad nacional e histórica los servicios públicos del Estado. La fiscalidad, el ejército, relaciones exteriores, leyes de ámbito nacional, los transportes y aeropuertos quedaban en manos del gobierno central. El resto lo gestionaban los gobiernos autonómicos. Esto suponía desarrollar toda una serie de instituciones políticas y administrativas que iban a dar un peso clientelar a los políticos en todos los negocios relacionados en su ámbito. La educación y la sanidad también eran gestionadas por ellos. Esto supuso una integración real de la vanguardia antifranquista en la administración, la integración de los sindicatos y de los partidos políticos obreros en el entramado estatal. Además aunque la fiscalidad era competencia del Estado central y su gobierno, éste es el que reparte el dinero para los presupuestos de cada comunidad, las autonomías tienen capacidad fiscal para obtener sus propios impuestos. Solo Euskadi y Navarra tienen el cupo vasco por el cual ellos recaudan los impuestos primero y después acuerdan con el Estado.

En Andalucía este pacto, privilegiando a Cataluña, País Vasco y Galicia, supuso un agravio comparativo. La crisis social y económica había golpeado a todo el país y el nivel de luchas se había desarrollado y generalizado durante este periodo. Las huelgas generales en Euskadi, Navarra y Cataluña (Vallés, San Adrián, Seat etc.), las movilizaciones en Andalucía de Astilleros, el metal sevillano, Casa, jornaleros del SOC, Marinaleda… Por todo el país se habían desarrollado una conciencia obrera y de clase que suponía una participación en cabeza de las movilizaciones de la clase trabajadora.

En Andalucía empezó a propagarse la autonomía, el autogobierno como la salida a la crisis social. Nació el Partido Socialista de Andalucía, el PCE se llamó PCA, el PSOE se le añadió la A y así toda la izquierda reivindicó a Blas Infante, “el padre de la patria andaluza”, un nacionalista andaluz republicano durante la II República. Ahora la autonomía significaba progreso, la vía a la eliminación del paro, la creación de riqueza y la reforma agraria. Además el agravio comparativo con Cataluña y las demás nacionalidades históricas se extendió. Los andaluces “paraos”, emigrantes que habían levantado Cataluña, explotados por las burguesías “periféricas”, eran los componentes de una conciencia “nacional” que nunca había arraigado pues siempre el movimiento obrero había encarado los problemas sociales desde la lucha de clases y no desde el soberanismo territorial, propio de la burguesía y pequeña burguesía del siglo XIX.

La lucha en pro de un referéndum por la autonomía supuso la movilización de millones de personas en toda Andalucía. La bandera blanca y verde, el himno de Blas Infante, las emociones a flor de piel, Al-Andalus, nuestro paraíso cultural histórico destrozado por Castilla y un etc. de estructuras ideológicas propiciaron lo que se llamó la toma de conciencia del pueblo andaluz. Finalmente el 4 de diciembre, fecha de una insurrección republicana federal dirigida por el anarquista, cuando era todavía republicano federal, Fermín Salvochea, en 1868, se escogió como fecha nacional de Andalucía. Millones de personas salieron a la calle el 4 de diciembre de 1977, y también en Cataluña. Se cuenta que la manifestación de emigrantes andaluces en Barcelona fue más masiva que la Diada. El gobierno de UCD reprimió con dureza la manifestación de Málaga con el resultado de un muerto, Manuel José García Caparrós, un obrero de CCOO. La manifestaciones de indignación no se hicieron esperar. El clima de movilización por la autonomía no se hizo esperar. Todos los problemas obreros y sociales se pospusieron al objetivo político de conseguir la autonomía para Andalucía en igualdad a las nacionalidades históricas, es decir a través del artículo 151. Al final el 28 de febrero de 1980 el referéndum se realizó. Se consiguió en todas las provincias de Andalucía el sí por abrumadora mayoría absoluta. Sólo en Almería no se consiguió sobrepasar el 50% de síes del electorado, no de los votantes.

Los acontecimientos posteriores significaron torcer la ley, pues no se había conseguido el 50% de los electores para el sí, y en las negociaciones con Suárez Andalucía tuvo su autonomía por la vía rápida del 151. Entonces el PSOE consiguió la hegemonía de la izquierda en las elrre todo el entramado autonómico. También las manifestaciones de la presidenta de la Junta aecciones, integró a parte de la extrema izquierda y del PCE, y creó su red clientelar de la misma manera que Pujol y CiU lo hizo en Cataluña. Esta hegemonía electoral tiene un hecho político relevante que marcó simbólicamente el dominio socialista andaluz. Alejandro Rojas Marcos era la cabeza visible del PSA, ahora PA, partido que había nacido con el auge del nacionalismo andaluz. Rafael Escuredo lo era por el PSOE y además tenía la presidencia de la Junta de Andalucía. Después del referéndum del 28 de febrero Rojas Marcos pactó con Suárez la vía lenta con ciertas prerrogativas. El día del pleno sobre el tema en el Congreso Escuredo, salió a la tribuna y se negó al acuerdo, exigiendo el 151. Esa imagen defendiendo la autonomía plena marcó el triunfo de la hegemonía socialista en Andalucía.

Pasado el tiempo, después de 40 años de las grandes manifestaciones de 1977 podemos hacer balance y sacar enseñanzas que pueden ser útiles para la actualidad. En primer lugar los problemas estructurales de Andalucía como de todo el país no han desaparecido, al contrario se han hecho crónicos. Y después de la crisis económica de 2007/2008, se han acentuado. El paro, la precariedad, problemas fundamentales, aumentan y no han dejado el suelo andaluz. Los que nos prometían jauja con la autonomía se instalaron en el cómodo sillón de los políticos en las instituciones. En todos los índices sociales la población andaluza sigue en el mismo lugar. Incluso tiene los barrios más pobres de Europa, Madre de Dios y Los Pájaros en Sevilla. La red clientelar y corrupta de la Junta a través de subvenciones y ERE es de sobra conocida. La salud y la educación recortadas por la crisis. Los “paganinis” de la crisis siguen siendo los mismos, los trabajadores y los pobres.

La reforma agraria, la histórica reivindicación de la tierra para quien la trabaja, se ha convertido en reforma agraria para las empresas agro-exportadoras y multinacionales. Es decir ahora alrededor del 6% de la población trabaja en el campo. Y el PER mantiene a los pobres que no pudieron salir de los pueblos andaluces, creando a veces una red sumisa al patrón. Los señoritos de antaño son las empresas agrícolas y ganaderas que explotan a una mano de obra ahora en su mayoría inmigrante, pues la natalidad andaluza ha bajado.

Ante este estado de cosas puede que los nuevos soberanistas andaluces, como en Cataluña, argumenten que la soberanía sobre el territorio andaluz, la independencia, es la solución, y no la autonomía. Este argumento falaz no tiene en cuenta que el capitalismo se desarrolla alrededor de la explotación del mundo del trabajo y está organizado internacionalmente. De nada serviría tener poder sobre el territorio si el sistema de producción capitalista en el marco estatal sigue en manos de la burguesía. Simplemente hacemos hincapié en el razonamiento que es el mismo que defienden los nacionalistas y parte de la izquierda: primero la autonomía o la independencia, después los cambios sociales. No es una cuestión de etapas formales. Es un problema de movilización y transformación social donde participan activamente las masas populares.

Es engañar a la gente pretender que con la independencia, o cierta autonomía, se va a mejorar y resolver problemas que son intrínsecos al sistema capitalista. Además, en la actualidad, las masas populares ni han derribado el llamado “régimen del 78”, ni tienen ese objetivo por ahora. La única manera de ser honestos es explicar que son los medios de producción, de intercambio y distribución, los que hay expropiar a la burguesía para poder eliminar el problema social, la crisis económica, la precariedad y explotación del mundo del trabajo.

El desarrollo capitalista ha transformado Andalucía en un territorio donde la agricultura de antaño ha dejado su peso en el PIB al sector servicios con el turismo a la cabeza. El capitalismo mantiene el paro crónico, la precariedad y los bajos salarios, y lo que es más importante, la economía dejó de tener una base y un mercado territorial del que se reivindican los nacionalistas. Es decir la clase trabajadora, el proletariado, los asalariados, tiene un peso aún mayor que en 1977 y está ligada a todo el país, a toda Europa, al mundo, por los propios lazos económicos tejidos por el capitalismo mundial. No hay trabajador o trabajadora, desde la hostelería hasta la industria como la agricultura que no esté ligada directamente o indirectamente con el resto de las economías del país.

Y podemos preguntarnos de qué ha servido el Estado de las autonomías, y a quiénes han servido. Aquellos que pensaban que la soberanía de los territorios en los parlamentos, sean autonómicos, o ahora en una república, como el caso catalán, era un paso necesario para resolver la crisis social, se equivocaron y se equivocan. Y aquellos políticos y sus organizaciones que defienden esa postura no hacen más que conducirnos como el flautista de Hamelin a una trampa para desviar nuestras luchas obreras, ocultarlas, y ocultar su corrupción y explotación obrera.

De la misma forma que el nacionalismo españolista de Rajoy no hace más que mantener sus intereses politiqueros, su control del aparato de Estado, tapar sus vergüenzas corruptas, y defender a los capitalistas, los otros nacionalistas, como en Cataluña, hacen lo mismo con su independencia. El conflicto se sitúa entonces entre “mafias” políticas que gestionan el Estado y se pelean para obtener la mayor tajada. El problema político fundamental para la clase trabajadora son los objetivos reales del mundo del trabajo, que deben aparecer en primer plano. Y explicar que la única perspectiva para la sociedad es el socialismo en manos de la clase trabajadora.

La burguesía tiene un programa económico y social preciso, acuciada por la crisis capitalista. Para llevarlo a cabo, sus diversas fracciones políticas compiten entre ellas para gestionar el Estado. Responden a los intereses de la burguesía, son organizaciones o partidos de la gran patronal, ligados por lazos familiares, de dirección en los consejos de administración, o a través de prebendas, subvenciones, comisiones, préstamos etc. Estos partidos, como PP o Ciudadanos, son financiados por la banca y empresarios, en general corrompidos por el sistema económico. Y en estas fracciones entra de lleno la dirección del PSOE.

No es cuestión de regímenes políticos o formas de Estado, monarquías o repúblicas, dictaduras, dictablandas o democracias parlamentarias. Lo que caracteriza la sociedad capitalista es el dominio político y social a través del Estado de la estructura económica empresarial y de la burguesía a través de la propiedad privada de los medios de producción.

El programa económico y social de la burguesía tiene sus matices diferenciales entre sus distintas fracciones pero todos ellos tienen en común la misma política: atacar las condiciones de trabajo y de vida del mundo del trabajo y de las clases populares para mantener los beneficios capitalistas y así lograr el “crecimiento económico”, utilizando su terminología. Para ello pusieron en marcha toda una serie de medidas ya desde la crisis económica de finales de los 70 y que se reactivaron con la política de austeridad a partir de la crisis de 2007/2008.

En primer lugar han ido privatizando empresas estatales básicas de las comunicaciones, electricidad, energía, aeropuertos, servicios municipales de agua, residuos etc. En estas ventas los beneficios se realizaron con intermediación de los políticos dirigentes de los grandes partidos, PP/PSOE fundamentalmente en el ámbito nacional, y en el terreno autonómico a través de los nacionalistas en aquellas zonas con gran implantación, es decir, Cataluña y Euskadi. Estos políticos fueron bien pagados por sus dueños: han terminado ocupando puestos en los consejos de administración de estas empresas.

En segundo lugar se hicieron las reformas laborales tendentes a bajar los salarios, precarizando la clase trabajadora, creando la división entre los trabajadores fijos de las grandes empresas y administración y la inmensa mayoría de los asalariados con sueldos menores o igual a los 1000 euros en la actualidad. Los ERE/ERTE, el despido libre y barato, ha permitido a la patronal despedir trabajadores fijos con antigüedad para contratar en precario, directamente o a través de la subcontratación.

En tercer lugar se mantiene una “reserva de mano de obra”, que no baja de 3 millones de trabajadores desde hace decenas de años y que junto a los contratados temporales, interinos, a tiempo parcial etc. son el 50% de la población activa asalariada. Este desempleo estructural permite tener atenazada a la clase trabajadora, dividida, parcelada y con temor a ser despedido o seguir en paro.

Finalmente, a partir de la última crisis, los distintos gobiernos del PP y PSOE, Ciudadanos, PNV, CiU (PDeCAT), ERC, con o sin pactos entre ellos pusieron en marcha políticas de austeridad que propiciaron recortes de los servicios públicos esenciales en sanidad y educación y en general en todos los servicios sociales. Mantuvieron las mismas políticas laborales que sus antecesores, sus reformas deteriorando para los trabajadores los derechos y condiciones laborales, y rescataron a la banca con dinero público, terminaron de privatizar empresas como las cajas de ahorros, y externalizaron servicios públicos en una privatización a ritmo lento con la ley Montoro de financiación.

En Cataluña, como en las demás autonomías, como en el gobierno central, han sido y son las mismas políticas de la burguesía. Creer que sería un paso adelante la independencia, además de inviable en las circunstancias que desean Puigdemont y Junqueras como se ha demostrado, es caer en las ilusiones de la pequeña burguesía, además de falso.

El problema fundamental que tenemos es preparar la respuesta de la clase trabajadora. Por eso es necesario que la lucha de la clase trabajadora, sus objetivos de clase y sus perspectiva políticas, se visualicen. Si ésta no aparece como movimiento independiente con un programa propio las posibilidades de cambio social y político se retrasarán.

El número es la fuerza de la clase trabajadora; si está en lucha por sus propias reivindicaciones contra el capital podrá vencer, puesto que la burguesía, la patronal, es una minoría. Esta es la estrategia del movimiento obrero. En el Manifiesto Comunista se explicaba que “a veces los obreros triunfan, pero es un triunfo efímero. El verdadero resultado de las luchas no es el éxito inmediato, sino la unión más extensa de los obreros.” Uniendo las luchas locales, uniendo unos trabajadores con otros para que “se centralicen en una lucha nacional, en una lucha de clases.”

Actualmente este partido no existe y desde Voz Obrera intentamos ayudar a construirlo participando en las luchas obreras y movilizaciones de las que podemos intervenir. Como ejemplo están las Marchas de la Dignidad. En esta línea las Marchas supusieron millones de personas bajo un lema “Pan, Trabajo, Techo” que resumía las reivindicaciones básicas de la clase trabajadora independientemente de donde viviera. En Madrid millones de personas se manifestaron el 22 de marzo de 2014. El grito de “viva la lucha de la clase obrera” se hizo tan popular que se corea en todas las manifestaciones. Después se han seguido realizando marchas masivas a Madrid y en cada ciudad importante, en 2015, 2016 y 2017. Sin embargo el conflicto catalán desvió todo hacia posiciones soberanistas; los nacionalistas de izquierda dejaron de apoyar las reivindicaciones de clase y se ha roto la unidad.

Los militantes de Voz Obrera intentamos intervenir impulsando las luchas desde la perspectiva de la lucha de la clase trabajadora. Nuestra participación en los comités de las Marchas tienen ese objetivo. Desde el comité local de las Marchas de Sevilla animamos la Asamblea de trabajadoras y trabajadores en lucha, donde trabajadores individuales y de distintas empresas y sectores explican sus problemas y sus luchas. Algunos de los compañeros que participan en la Marchas ven en la asamblea de trabajadores una posible salida al impase del movimiento unitario que fueron las Marchas de la Dignidad. Desde nuestras filas vamos a intentar que las luchas obreras se visibilicen y la unidad y solidaridad obrera sean un hecho. El manifiesto que adjuntamos recoge 6 reivindicaciones que son la expresión de los problemas individuales y colectivos de las mujeres y hombres que son comunes a todo el mundo del trabajo del Estado. Pero esto no será suficiente sin una perspectiva política de clase. Y esta perspectiva solo podrá realizarse si construimos el partido de la clase obrera.

La clase trabajadora además debe tener su partido, su organización política que pueda lidiar con los partidos de la burguesía y que proponga una perspectiva de cambio social hacia el socialismo para la toma del poder por la clase trabajadora. Sin organización política, sin partido, la clase trabajadora, aunque exprese su combatividad, no podrá nunca acceder a las transformaciones sociales necesarias para derruir el capitalismo.

Esta crisis pone en evidencia la necesidad imperiosa de construir un partido obrero comunista y revolucionario. Ni en el parlamento del Estado ni en las autonomías hay una fuerza política que se reclame de la clase obrera que recoja un programa que defienda sus intereses de clase. Las luchas obreras son continuas aunque no se visualicen. Continuamente en las empresas existen conflictos que se expresan, individualmente, colectivamente, empresa por empresa o localmente. Sabemos que con deseos no es suficiente construir el partido, nacerá de las luchas que existen y que son inevitables. Y para ello es indispensable que haya militantes formados que intervengan en las luchas de la clase trabajadora.