Desde el franquismo, existe una serie de barreras legales destinadas a limitar las huelgas, entre ellas la obligación de que un sindicato registre un preaviso de huelga. En Airbus, fue bajo la presión de los trabajadores como el sindicato SIPA se vio obligado a presentar un preaviso de huelga del 1 al 31 de julio. Seguramente SIPA no imaginaba que la huelga tendría tanto éxito en la planta de Getafe y que se extendería a las dos fábricas de Sevilla, así como a las de Illescas, Albacete y Cádiz.
Desde el 1 de julio, la huelga no había hecho más que fortalecerse. El 16 de julio, una impresionante manifestación en Getafe reunió al menos a 4.000 trabajadores. El 23 de julio fue el turno de los trabajadores de Sevilla y Cádiz, que se manifestaron conjuntamente. Durante la tercera semana de huelga, las asambleas seguían siendo multitudinarias y los piquetes continuaban siendo muy numerosos. El principal tema de debate era cómo reanudar la huelga tras el parón de las vacaciones de principios de agosto.
Sin embargo, en la madrugada del 22 de julio, dos de los sindicatos implicados en la huelga, SIPA y ATP, firmaron junto con Comisiones Obreras un preacuerdo con la dirección, a espaldas de los huelguistas. Evidentemente, estos sindicatos intentaron presentarlo como una victoria: una subida salarial del 5 % en 2026 y otro 5 % en 2027, una prima de 2.000 euros, la promesa de tener en cuenta la inflación a partir de 2028 y el mantenimiento de los dos días de teletrabajo. Sin embargo, los huelguistas ya habían rechazado ese acuerdo en asamblea porque estaba muy lejos de compensar la pérdida de poder adquisitivo sufrida desde 2020 y, sobre todo, porque no estaba a la altura de la fuerza que había adquirido el movimiento. Pero, peor aún que aceptar un acuerdo insuficiente, SIPA retiró el preaviso de huelga, haciendo que la huelga pasara a ser ilegal.
La traición de SIPA y ATP fue vivida como un auténtico golpe, ya que iba en contra del funcionamiento democrático de la huelga. El 23 de julio por la mañana, mucha gente acudió al piquete y debatió sobre la traición de la noche anterior. Los delegados de SIPA tuvieron que dar explicaciones ante la asamblea y fueron insultados, llamados «ratas» y «vendidos».
Estas maniobras, llevadas a cabo por la dirección con la complicidad de estos sindicatos, permitieron reanudar el trabajo en contra de la voluntad de los huelguistas. Después recurrieron a una supuesta democracia convocando un referéndum sobre el acuerdo en el que podían votar todos los empleados, incluidos quienes no habían participado en la huelga. El 24 de julio, el 80 % de los trabajadores acudió a votar. En el centro de Getafe hubo colas de hasta dos horas. Finalmente, en el conjunto de las fábricas, el «No» se impuso.
A pesar de ese resultado, la legislación española, diseñada para favorecer a la patronal, impide actualmente volver a convocar una huelga legal. Por el momento, los trabajadores no se sienten en condiciones de sobrepasar esas barreras.
Aun así, no han dicho su última palabra. La indignación sigue presente y muchos se preguntan cómo continuar la lucha a la vuelta de las vacaciones. Esta traición ha dejado un sabor amargo, aunque muchos huelguistas se sienten orgullosos de haber logrado organizar colectivamente el movimiento, siendo numerosos y permaneciendo unidos. Esta huelga demuestra la enorme importancia de poder controlar un movimiento de principio a fin, no solo mediante asambleas democráticas, sino también creando una auténtica dirección, elegida y controlada por los propios huelguistas, que responda únicamente a los intereses del movimiento.
Laura Gomez