En cuarenta años, al permitir el regreso bajo su control de los consorcios occidentales e inyectar en la economía miles de millones de yuanes (1 yuan = 0,12 €), el régimen chino ha logrado sacar a una parte del país del subdesarrollo. Sin embargo, en definitiva, las contradicciones de la sociedad china no se han atenuado, sino que, por el contrario, se han multiplicado.
Las reformas económicas iniciadas a finales de la década de 1970 permitieron la regeneración de una burguesía rica, íntimamente ligada a las altas esferas de la burocracia y del Partido Comunista Chino, cuando no se confunde con ellas, y que hizo su fortuna saqueando el capital acumulado por el Estado desde 1949. Pero, como ha ocurrido en todas partes y en todas las épocas, el desarrollo y el enriquecimiento de la burguesía han ido acompañados del fortalecimiento de la clase obrera. Al transformar a cientos de millones de campesinos en proletarios, concentrándolos en fábricas modernas o en pequeños talleres en los suburbios de las grandes ciudades, el régimen chino ha reforzado considerablemente esta clase social que también representa para él un peligro mortal. Sus dirigentes saben que están sentados sobre una bomba social, que amenaza con explotar cada vez más a medida que se acumulan las contradicciones de la sociedad. Toda su política está marcada por este temor.
El PCCh, un partido que se ha convertido en el partido de la burguesía
A principios de la década de 1920, el Partido Comunista Chino se fijó como objetivo la revolución proletaria. Fundado en 1921, siguió los pasos del Partido Bolchevique y de la revolución de 1917, que había instaurado el poder de los trabajadores. La clase obrera china avanzaba entonces a pasos agigantados. Primero se organizó en sindicatos que pronto contaron con cientos de miles de afiliados, 500 000 sindicalizados solo en Hong Kong y Cantón en 1925. A través de ellos, los primeros militantes comunistas ganaron rápidamente influencia. Pero el PC estaba a su vez bajo la influencia de la Internacional Comunista, que en la segunda mitad de la década de 1920 se convirtió en una herramienta en manos de la burocracia estalinista en pleno ascenso. Esta última llegó a un acuerdo con la burguesía nacionalista del Kuomintang y, cuando este se volvió contra la clase obrera en 1926 y 1927, el PC fue aplastado. Rechazado de las ciudades, siguiendo las órdenes de Moscú en su política hacia la burguesía china, el PC se convirtió en la década de 1930 en un partido nacionalista pequeñoburgués. Cuando tomó el poder en 1949, lo hizo apoyándose en las revueltas campesinas y manteniendo a la clase obrera a distancia. Los ejércitos de Mao conquistaron las ciudades desde el exterior y, como Trotsky había presentido ya en 1932, los comandantes comunistas estaban « ante todo inclinados a mirar a los obreros desde arriba ». Los trabajadores asistieron pasivamente a esta revolución nacionalista. En los años siguientes, desde el embargo estadounidense de la década de 1950 hasta principios de la década de 1970, y más aún debido a las reformas económicas de la década de 1980, la desconfianza del PC hacia los trabajadores fue constante. Según la propaganda oficial, la clase obrera es la clase dominante del régimen, pero, en realidad, es explotada bajo estrecha vigilancia, controlada por el aparato del PC y por el sindicato oficial, la AFCTU (Federación Nacional de Sindicatos de China), cuyas secciones se crean bajo el impulso de los dirigentes de la empresa o del partido, y donde los trabajadores, los sindicalistas, no tienen ningún control sobre sus representantes ni sobre lo que negocian. En 1989, y de nuevo en los años 2000 y 2010, algunas luchas obreras se fijaron también como objetivo constituir organizaciones autónomas, controladas por la base, independientes del poder y del partido.
Las reacciones de los trabajadores ante las «reformas» económicas
El último movimiento de alcance nacional se remonta a hace más de 35 años. En mayo y junio de 1989, en la plaza de Tiananmen de Pekín, pero también en todo el país, varios millones de chinos se rebelaron contra el régimen. Las reformas económicas de Deng Xiaoping habían provocado a principios de los años 80 inflación y enriquecimiento de los dirigentes, poniendo fin al igualitarismo muy relativo que prevalecía hasta entonces. Indignados por la corrupción de las altas esferas del partido y del Estado, los manifestantes, primero los estudiantes y luego sectores cada vez más importantes de la clase obrera, denunciaban el sistema en el que reinaban los dirigentes más antiguos y sus familias. Reclamaban más democracia y transparencia. Mientras la movilización solo involucraba a los estudiantes, el régimen no intervino. Pero los trabajadores comenzaron a implicarse, primero en las manifestaciones y luego, en algunos casos, con el objetivo de imponer al régimen organizaciones obreras autónomas del poder. La Federación Autónoma de Trabajadores, fundada por jóvenes obreros en Pekín, reivindicaba en mayo de 1989 la adhesión de 20 000 trabajadores. Su programa insistía en la independencia y la participación voluntaria de los trabajadores, sin querer ser una organización benéfica, sino presentar la opinión de la mayoría de los trabajadores en política y economía, desempeñar un papel de supervisión del Partido Comunista y vigilar a los representantes legales en las empresas para garantizar que los trabajadores fueran los auténticos dueños de las mismas. Estas perspectivas, aunque no se enfrentaban directamente al poder, fueron percibidas por este como un peligro mortal. Estas agrupaciones obreras existían en más de quince ciudades. Su existencia fue una de las razones que llevaron al régimen a poner fin a la agitación mediante una represión que causó miles de muertos. Los estudiantes de la plaza de Tiananmen fueron dispersados el 4 de junio de 1989 y los barrios populares que se habían opuesto al avance del ejército fueron aplastados. Los primeros detenidos y ejecutados fueron jóvenes trabajadores.
La represión de las protestas de 1989 proporcionó al poder los medios políticos para profundizar y generalizar las reformas económicas. En un primer momento, reforzó su dictadura, sofocó las protestas dentro del partido y del Estado eliminando a los clanes rivales y reintrodujo el control del partido en las empresas. Para disimular, organizó el juicio de algunos burócratas claramente corruptos. Luego, en 1992, las «reformas» se reanudaron con más fuerza. Fueron años difíciles para la clase obrera. El poder desmembró las empresas estatales y las ofreció a los burócratas que las gestionaban, creando así de la nada una capa de pequeños y grandes burgueses íntimamente vinculados a él, en deuda con él, incluso confundidos con él. Con motivo de la disputa entre sus hijos por su herencia, la prensa informó durante el verano de 2025 sobre la historia de Zong Qinghou, un empleado municipal a finales de la década de 1980 que se convirtió en el multimillonario más rico de China en 2010 y que amasó su fortuna controlando la distribución de bebidas en las escuelas. Transformó este servicio público en una empresa; la llamó Wahaha, «El niño que ríe», una empresa denominada «de sombrero rojo», es decir, estatal pero gestionada de forma privada por su director, lo que le daba acceso a la financiación pública. El Estado chino ayudó a Wahaha construyendo fábricas y ayudándole a asociarse con el grupo francés Danone. Zong Qinghou aprovechó las negociaciones para la creación de esta empresa conjunta para convertirse oficialmente en propietario de Wahaha. Durante todos esos años, fue miembro del Partido Comunista e incluso delegado de 2002 a 2018 en la Asamblea Popular Nacional (el Parlamento chino).
Mientras el régimen enriquecía a los suyos desmantelando el Estado, entre 1995 y 2002 organizó el despido de 60 millones de trabajadores. Esto supuso también el fin del régimen conocido como «el bol de arroz de hierro», que garantizaba a todos una vivienda, un trabajo y acceso a los servicios de sanidad. A partir de entonces, el acceso a los seguros de enfermedad, vejez y desempleo solo era posible mediante las cotizaciones pagadas por las empresas. Muchas familias fueron desahuciadas de sus viviendas.
En este período, a pesar de la represión de 1989, las reacciones obreras fueron numerosas, pero se mantuvieron a nivel local, aisladas unas de otras. Sin embargo, algunas tuvieron cierta envergadura: entre 1997 y 2002, en el «cinturón de óxido» del noreste del país, cuando las industrias pesadas dejaron de pagar los salarios y las pensiones y despidieron en masa, decenas de miles de trabajadores se manifestaron durante meses, bloqueando carreteras y puentes, lo que obligó al Estado a hacerse cargo de parte de los atrasos de las empresas. Allí donde los trabajadores se organizaron, la policía detuvo a los líderes sindicales y los condenó a duras penas de prisión por «subversión»: la protesta obrera solo se toleraba si se mantenía en un ámbito muy local y estrictamente económico.
En el taller del mundo, huelgas ofensivas pero económicas
En la década de 2000, continuando con la tendencia iniciada a finales de los años 80, China se convirtió en «el taller del mundo». Las empresas extranjeras estadounidenses, japonesas, coreanas y europeas se instalaron en mayor número en las zonas francas para explotar, junto con las empresas chinas, a los jóvenes trabajadores de las ciudades y a los mingongs, los migrantes del interior, que abandonaban por decenas de millones sus campos en busca de un salario. Los salarios de los trabajadores eran salarios de miseria, pagados a destajo, y los horarios laborales eran interminables. Tras las luchas estrictamente defensivas de finales de la década de 1990, se desarrolló una ola de luchas por los salarios, para exigir que se pagaran íntegramente, incluidas las horas extraordinarias, y que se aumentaran. Las primeras luchas destacadas tuvieron lugar en Shenzhen y Dongguan entre 2004 y 2006, en los sectores de la electrónica y la confección, en pleno desarrollo. A veces fueron reprimidas, pero a menudo coronadas por el éxito.
Entre las huelgas cuyos ecos llegaron a Occidente, cabe destacar la de los 1800 trabajadores de Honda en 2010 en Foshan, cerca de Cantón. Las reivindicaciones se centraban en un aumento significativo del salario base, más respeto y dignidad en el trabajo y la mejora de las condiciones de seguridad. Como en la mayoría de los casos, la AFCTU, la federación sindical oficial, se opuso a la huelga. Pero, en Honda, envió un comando para atacar físicamente a los huelguistas, lo que les llevó a añadir a sus reivindicaciones la de tener representantes sindicales elegidos por los trabajadores. Honda acabó cediendo, y este éxito dio lugar a una ola de huelgas victoriosas en toda la región del delta del río Perlas, así como en los alrededores de Shanghái. Las reivindicaciones salariales se combinaban a veces con la de reconocer a los representantes de los trabajadores elegidos democráticamente o la de sindicatos no afiliados al sindicato oficial.
A partir de 2015, la represión se volvió sistemática en lo que respecta a la organización de los trabajadores. Así, en julio de 2018, la policía de Shenzhen detuvo a treinta manifestantes, entre ellos veintinueve trabajadores de la empresa Jasic Technology y una estudiante que apoyaba su lucha por crear un sindicato independiente. En respuesta, surgió un amplio movimiento de solidaridad estudiantil en toda China, acompañado de peticiones y campañas digitales para exigir la liberación de los trabajadores detenidos. Los estudiantes más movilizados fueron detenidos, puestos bajo arresto domiciliario o desaparecieron.
En la década de 2010, cuando tras la crisis de 2008 la economía mundial solo se recuperaba a un ritmo lento, China siguió creciendo gracias a las cuantiosas inversiones estatales en infraestructuras y a una especulación inmobiliaria desenfrenada. A pesar de ello, la tasa oficial de crecimiento del PIB chino, que aumentaba año tras año en la década de 2000, tomó la tendencia contraria y, desde entonces, no ha dejado de descender, pasando del 10 % a menos del 5 % en la actualidad. La represión de los movimientos de huelga considerados demasiado políticos y una patronal más agresiva para mantener su tasa de beneficio lograron reducir el número de huelgas a finales de la década de 2010.
Unos meses después del inicio de la epidemia de Covid, el régimen chino impuso a toda la población un confinamiento estricto, la política «Covid cero», al tiempo que trataba de que las empresas siguieran produciendo. Mientras la economía mundial se paralizaba, las fábricas chinas funcionaban a un ritmo acelerado, con los trabajadores confinados en sus puestos de trabajo, día y noche, apiñados en las cadenas de montaje o en los dormitorios, enfermos o no, pero sin poder salir de las instalaciones. Esta política comenzó a resquebrajarse cuando, en octubre y noviembre de 2022, miles de trabajadores de Foxconn, subcontratista de Apple en Zhengzhou, en el centro del país, se rebelaron y huyeron de la fábrica escalando y destruyendo las vallas. Estas manifestaciones obligaron al Gobierno a abandonar su política de confinamiento a finales de 2022. Pero, a raíz de ello, cuando la economía mundial se recuperó y las fábricas chinas dejaron de ser tan indispensables, la clase obrera china tuvo que hacer frente a una ola de cierres de fábricas y deslocalizaciones en el interior del país, donde los salarios son más bajos.
Un futuro que se obstruye
Desde entonces, la presión sobre la clase trabajadora se ha intensificado. Las luchas se han vuelto más difíciles, más escasas y esencialmente defensivas, para cobrar los salarios adeudados o las indemnizaciones por despido previstas. El desempleo pesa, y una de las causas directas de su aumento fue el estallido de la burbuja inmobiliaria en 2022. La crisis inmobiliaria parece no tener fin, ya que las inversiones, los precios y las construcciones nuevas siguen disminuyendo tres años después. Según el periódico económico Caixin, los empresarios chinos habrían despedido a 13 millones de trabajadores migrantes entre 2021 y 2024 solo en las obras de la construcción inmobiliaria. Pero este sector no es el único en crisis. La prensa occidental ha mencionado la especulación de los capitalistas chinos con los paneles fotovoltaicos y sus consecuencias. Entre 2020 y 2023, el número de empresas atraídas por los beneficios que ofrece este sector pasó de 150 a 300, lo que provocó una encarnizada guerra comercial y la caída de su tasa de beneficio. Cuarenta empresas han cerrado desde 2024, despidiendo a 87 000 trabajadores. El Estado anuncia la «consolidación» del sector, es decir, el cierre de las empresas más pequeñas para permitir a las más grandes subir los precios y recuperar sus beneficios.
En el sector automovilístico, la situación aún no ha llegado al punto de los despidos, pero va por ese camino. La producción automovilística ha sido objeto de inversiones masivas, ampliamente respaldadas por los gobiernos provinciales o los municipios. Así, Caixin cuenta que muchos capitalistas no han tenido que desembolsar ni un céntimo para construir fábricas capaces de producir 200 000 vehículos al año. Así, 129 empresas se han dedicado a vender vehículos esencialmente eléctricos, todos más o menos idénticos. Es esta competencia la que los mayores fabricantes chinos o extranjeros —Tesla, BYD, Geely— intentan estrangular desde 2023 librando una auténtica guerra de precios, aunque ello suponga desplomar sus propios beneficios. Pero, hasta la fecha, la mayoría de los fabricantes, respaldados por organismos estatales, municipios y provincias, se resisten. Al igual que en el sector fotovoltaico, el Gobierno ha anunciado que tomará medidas para «consolidar» el sector del automóvil, con las mismas amenazas para los puestos de trabajo de los trabajadores.
En el sector tecnológico, Alibaba, Tencent, Baidu y otras empresas ya no contratan como lo hacían en la época de su expansión en la década de 2010. Alibaba incluso ha reducido su plantilla a la mitad entre 2022 y 2025. En estas empresas, la presión es fuerte, ya que los empresarios se apoyan en los más jóvenes para incitar a la generación anterior, los treintañeros, a aceptar más horas de trabajo y menos vacaciones, o bien a marcharse. Toda una parte de la juventud ha tenido que recurrir a trabajos ocasionales como repartidores o camareros en la restauración, o bien se ha orientado hacia el Estado y las colectividades locales, por ejemplo, en puestos de seguridad en estaciones de metro o en infraestructuras totalmente nuevas. Incluso las estadísticas oficiales de desempleo juvenil urbano reflejan este futuro sin perspectivas: entre 2018 y 2022, la proporción de personas de entre 16 y 34 años con empleo pasó del 93 % al 86 %.
Contradicciones cada vez más evidentes
Desde hace 30 años, una parte del mundo laboral ha accedido a un estilo de vida similar al de los trabajadores occidentales: coche, vivienda comprada a crédito, remuneración del período de descanso y turismo, sobre todo dentro de China. En el sector tecnológico, esta categoría de trabajadores puede ganar hasta 10 000 renminbis (RMB) al mes, el equivalente a 1200 euros. Un trabajador de Tesla en la zona industrial de Shanghái puede ganar entre 5000 y 7000 RMB, dependiendo de las primas. Pero, junto a esta fracción de trabajadores urbanos, cientos de millones de proletarios permanecen al margen, incluso en el corazón de las grandes ciudades chinas, ganando entre un tercio y la mitad de estos salarios, a veces menos de 3000 RMB. Trescientos millones de ellos son trabajadores migrantes, en la construcción o la industria textil, pagados a destajo, a menudo estafados por sus jefes, que descuentan de su salario el alquiler de una habitación miserable. En octubre, China Labor Watch, una asociación con sede en Estados Unidos, destacó en una investigación algunas características de las condiciones laborales en la fábrica Foxconn de Zhengzhou, que puede emplear hasta 300 000 personas. La mitad de los trabajadores son temporales y hay muchos «estudiantes», jóvenes de 16 o 17 años. El salario por hora de estas categorías puede bajar hasta los 12 RMB por hora, es decir, 1,5 euros, y sin beneficiarse de las cotizaciones patronales a la seguridad social. A menudo, las primas que solo pueden cobrar al final de su contrato sirven para mantenerlos bajo presión permanente. La jornada laboral varía entre 60 y 75 horas semanales. Por supuesto, la vigilancia es generalizada y los equipos de protección se reducen al mínimo.
En el corazón de las ciudades, toda una parte de los trabajadores, que no son necesariamente migrantes internos, también son los olvidados del desarrollo. Son todos aquellos que se las arreglan como pueden: repartidores de comida, aguadores, recolectores de cartón o chatarra, reparadores de bicicletas o scooters, trabajadores de pequeñas tiendas, restaurantes o los llamados «autónomos», cuyo acceso a la sanidad y a la jubilación, que depende de las cotizaciones de las empresas, es muy precario. El aumento del desempleo en los últimos años y la falta de contratación en las grandes empresas tienen como consecuencia que cada vez más trabajadores, jóvenes, se vean condenados a estos empleos sin perspectivas.
Cómo afronta la situación el Estado chino
Durante 30 años, el poder ha tenido que gestionar este considerable agravamiento de los antagonismos sociales. Paralelamente a la represión de cualquier intento de organización autónoma de la clase obrera, se ha apoyado en el desarrollo económico para hacer esperar a los trabajadores, cuando no para intentar que se adhieran a su política. Bastaba con trabajar para salir adelante, ese era el mensaje del Gobierno. Gran parte de la juventud pequeñoburguesa que abandonó toda lucha política bajo los efectos de la represión de Tiananmen en 1989 se lanzó a los negocios. Una parte nada desdeñable de la población vio cómo su nivel de vida superaba al de sus mayores. Así, muchos jóvenes de la pequeña burguesía o trabajadores del sector tecnológico se enorgullecen de haber podido sacar a sus padres del campo para que visitaran Shanghái, Cantón o Pekín. Esta sensación de que era posible mejorar su suerte se extendió incluso entre la clase obrera. El desarrollo de las infraestructuras y la apertura de las regiones atrasadas reforzaron la ilusión de que el desarrollo capitalista de China beneficiaría a todos. La desaceleración que se viene produciendo desde hace una década y las dificultades económicas que se acumulan desde la llegada de la COVID-19 están socavando esta idea.
El nacionalismo propagado por la burocracia china no solo le sirve para preparar a la población para los conflictos que amenazan al país. También es una respuesta a las dificultades económicas del régimen, una política desarrollada más por Xi Jinping que por sus predecesores. Hay que decir que, en China, el nacionalismo no carece de argumentos que extraer del pasado del país, cuando este fue humillado desde mediados del siglo XIX hasta el final de la Segunda Guerra Mundial por los imperialismos inglés, francés, alemán, estadounidense y japonés, que lo desmembraron. Las guerras del opio, libradas por los británicos, las concesiones extranjeras, los dominios coloniales establecidos en las ciudades de la costa este desde el siglo XIX, la sangrienta ocupación japonesa desde los años treinta hasta 1945 y la secesión de Taiwán son hechos históricos que el poder utiliza para legitimar su dictadura.
En sus referencias al pasado, el PCCh no puede evitar volver a sus primeros años de lucha. Aunque lo hace de forma adulterada, honra ante las generaciones jóvenes a los militantes que lo fundaron, los sindicatos de la década de 1920 y la revolución de 1925. De este modo, destaca al primer líder comunista, Chen Duxiu, al tiempo que silencia su adhesión a la oposición trotskista después de 1927.
El régimen chino tiene otras bazas nacionalistas en la manga. Así, a principios de septiembre de 2025, en la cumbre de la Organización de Cooperación de Shanghái, Xi Jinping se presentó en la prensa como el centro del mundo, el que acogía a los líderes rusos, indios, turcos, norcoreanos y tantos otros. Mientras Estados Unidos acentúa el proteccionismo y la amenaza de guerra, mientras se retira de organismos como la ONU y la OMC, Xi Jinping se autoproclama heraldo de la paz, el multilateralismo y la cooperación entre naciones, posturas que pretenden demostrar que China es poderosa y que hay que estar orgullosos de sus dirigentes. Este sentimiento se cultiva gracias a los éxitos tecnológicos de los científicos chinos: robots humanoides, expediciones a la Luna, trenes de alta velocidad, aviación civil y militar son motivos de orgullo nacional que el poder se atribuye como mérito propio. Pero, dado que la crisis excluye a decenas de millones de jóvenes de un trabajo y un salario dignos, puede surgir el sentimiento contrario, el sentimiento de un desarrollo construido sobre los hombros de los trabajadores y cuyos frutos son en realidad acaparados por una pequeña capa de privilegiados.
La política anticorrupción relanzada por Xi Jinping a mediados de la década de 2010, si bien contribuye a la lucha contra los clanes rivales o a mantener a raya a algunos capitalistas multimillonarios, también tiene como objetivo contrarrestar la sensación de que el desarrollo solo beneficia a los dirigentes. Xi Jinping aplica a su manera la política de Deng Xiaoping después de 1989: sacrificar a algunos peces gordos para dar crédito a la ficción de un Estado justo, al servicio del pueblo.
El futuro pertenece a la clase obrera
La clase obrera china cuenta con más de 400 millones de miembros, la más numerosa del mundo. A pesar de la dictadura policial, siempre ha luchado. Desde 1989, lo ha hecho únicamente en el ámbito económico, sin cuestionar el poder y de forma dispersa. Pero, desde hace varios años, se acumulan las razones para luchar: las dificultades económicas, el desempleo, la presión patronal, la falta de futuro para los jóvenes, que son reflejos de la crisis mundial del capitalismo. Si la crisis se agrava aún más, el nacionalismo y la lucha contra la corrupción no serán más que pobres distracciones. Por lo tanto, el poder puede temer un período de incertidumbre política y social. Hasta la fecha, tiene la ventaja de que la clase obrera china sigue desorganizada, sin un partido que defienda sus intereses políticos. Pero cada vez que sus luchas han cobrado cierta importancia, se ha planteado la cuestión de la organización. Además de su número, la clase obrera china tiene a su favor su pasado, en particular el de los años veinte. De ese pasado, los militantes revolucionarios, aunque sean muy minoritarios, tienen mucho que aprender.
10 de enero de 2026